¿Sabía usted que en nuestro país existen 40,147 jóvenes que prestan servicio militar en las Fuerzas Armadas? ¿Que 4,301 mujeres integran el personal militar femenino en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea? ¿Qué políticas garantizan el respeto de los derechos y el desarrollo de capacidades de este universo de uniformados y uniformadas?
El primer diagnóstico sobre la situación del personal militar en situación de vulnerabilidad en el Perú, se presentará este 30 de septiembre a las 5:30 p.m., en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El informe ha sido elaborado por el Instituto de Defensa Legal y el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo –Desco.
El documento analiza la situación de los jóvenes que prestan servicio militar, así como el proceso de integración de la mujer en los institutos armados en nuestro país. El estudio plantea que dada su ubicación en la jerarquía militar, y su género, son los más propensos a ser afectados negativamente en sus derechos fundamentales, debido a prácticas institucionalizadas que no se armonizan con los derechos fundamentales de la persona, ni con las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Así mismo, se ha creado la Red de defensa de los derechos del personal militar CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS, que congrega a personas e instituciones comprometidas con los derechos humanos, la promoción y garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia, la juventud, y la defensa de los derechos de la mujer, que también se presentará este 30 de septiembre.
La Red mencionada está integrada por: Alianza por el derecho ciudadano, Fundación ANAR, Capital Humano y Social Alternativo, Red Interquorum, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo –desco, Demus, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Encuentros –Casa de la Juventud y el Instituto de Defensa Legal. Este colectivo busca visibilizar la situación de vulnerabilidad de los jóvenes varones y mujeres que prestan servicio militar y de la mujer militar en todos sus niveles, en aras de contribuir a que el Estado desarrolle e implemente políticas de personal acordes, conjugando el respeto de los derechos fundamentales, con los objetivos de la defensa y promoción del desarrollo de las capacidades de estos jóvenes varones y mujeres.