Vicente Otta, hasta hace una semana viceministro de Interculturalidad, fue el primer funcionario de alto nivel de este gobierno que debió dar un paso al costado. Tras su salida, motivada por una denuncia de estafa en su contra, se escondería una disputa por la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Esta es la historia.
Por Flor Huilca
En el último consejo de ministros, tras analizar el sombrío panorama de Omar Chehade, el presidente Humala les dio carta blanca a sus ministros “que tengan problemas en casa”. “Hay que poner orden”, les dijo el mandatario y en el despacho de la ministra de Cultura, Susana Baca, esa disposición se tradujo en la inmediata salida del viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, y de la jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen. Otta: “para que pueda resolver sus problemas personales”. E Yrigoyen porque “se quiere personas que trabajen en equipo”, explicó la ministra.
Ambos argumentos, sin dejar de ser ciertos, no terminan de explicar la caída del primer viceministro de este gobierno.El tema de fondo fue el control de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa, en un momento crucial para el gobierno: están en lista de espera inversiones mineras y gasíferas por 42 mil millones de dólares y la meta de alcanzar 3,900 millones de soles del gravamen minero, para destinarlos a la inclusión social.
Tanto el viceministerio de Interculturalidad como el Indepa son claves para esas inversiones. No solo para los 19 proyectos mineros que esperan iniciar sus operaciones –todos ellos deben pasar por consulta previa–, sino también para proyectos que ya se encuentran en ejecución. Tras la aprobación de la Ley de Consulta Previa, Otta e Yrigoyen, que andaban muy enfrentados, dieron pasos mortales: Otta anunció que procedía la revisión de concesiones otorgadas desde 1995, año desde el cual está vigente el derecho a consulta, mientras que Yrigoyen declaró nula una opinión favorable del Indepa al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol, en territorios de poblaciones en aislamiento voluntario. Esa decisión, firmada el último día de su gestión, generó preocupación en el Ejecutivo y en sectores empresariales.
Allí, señala Vicente Otta, está la razón de los cambios en el viceministerio de Interculturalidad. “Se han movido intereses poderosos que tenían secuestrado al Estado y hacían lo que se les antojaba en materia de inversiones”, dice. Esos intereses, asegura, tienen todavía representantes en los ministerios de Energía y Minas, Justicia y Agricultura y la Presidencial del Consejo de Ministros, y se vieron amenazados por una “gestión que buscaba recuperar la autoridad del Estado para normar y para que las inversiones cumplan con estándares sociales y medio ambientales”.
Desorden en casa
Si esas eran las motivaciones de fondo, Vicente Otta tenía escondidos unos anticuchos que justificaron finalmente su salida. Tres agricultores de Casma recordaron que lo denunciaron en 1997 porque les dejó una deuda de 130 mil dólares a raíz de una frustrada cosecha de espárragos. Además, sus diferencias con la entonces jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen, se volvieron inmanejables por las disputas de competencias entre ambos sectores. Un ejemplo extremo de la falta de coordinación hizo que ambos trabajaran en la reglamentación de la Ley de Consulta Previa y el Indepa, aun cuando no tenía facultades, anuló la opinión del EIA del Lote 88 como último acto de su gestión.
Indepa, en la gestión de Yrigoyen, trató de cumplir el Convenio 169 de la OIT, convocó a las organizaciones indígenas y buscó recuperar las competencias que le fueron asignadas al viceministerio de Interculturlidad, entre ellas la de ser una institución autónoma. Ese plan de trabajo en la práctica dejaba sin piso y sin presupuesto al viceministerio de Interculturalidad. Otta atribuye esas desavenencias a la “falta de un criterio político” de la ex jefa del Indepa para determinar las prioridades. Si bien cree que ese organismo debe recuperar su carácter autónomo, considera que primero se debía garantizar la reglamentación de la Consulta Previa.
Esas diferencias terminaron por pasarles la factura a ambos. Aun cuando los dos tienen perfiles diferentes –ella una reconocida abogada, experta en derecho indígena e identificada con las organizaciones indígenas; y él un sociólogo ligado al sector de izquierda dentro del gobierno– eran vistos con preocupación por sectores vinculados a las inversiones mineras. Ella como una “indigenista radical” y él como un “radical antiminero”.
Estos problemas domésticos en Cultura llegaron hasta la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se comenta la debilidad que ha mostrado la ministra Susana Baca para liderar su sector y el papel que juegan su esposo, Ricardo Pereira, y sus asesores. Ellos, dicen, suelen convocar a funcionarios para hacer despacho. Uno de esos fue el viceministro Otta, quien accedió a una primera reunión con Pereira para tratar temas relacionados con su sector. A la segunda convocatoria le mandó a decir que a él sólo lo convoca la ministra.
La salida de Otta y de Yrigoyen significaría, sin duda, un cambio en la orientación que tomará la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Por lo pronto, la elaboración de la propuesta pasaría del viceministerio de Interculturalidad a la PCM.
En ese cambio de timón ha sido claro el papel de los ministerios de Energía y Minas y de Justicia y la PCM, los más preocupados en que no se caigan las inversiones en cartera. En todos ellos, además, habría el criterio de que las organizaciones indígenas y los gremios empresariales no participen en el proceso. Eso se desprende de la resolución firmada por Susana Baca el 17 de octubre, en la que se convoca a las organizaciones indígenas y empresariales para ser parte “de una comisión de consulta de los aportes al reglamento” cuando la propuesta era que ellos formen la “comisión de trabajo”.
Vicente Otta interpreta su salida como una primera derrota de los sectores de izquierda en el gobierno frente a la presión de los lobbys mineros y sectores de la derecha. “Han intentado primero con Ricardo Soberón, luego con la ministra Aída García Naranjo y ahora le tocó a este viceministerio; no siempre se puede salir bien de esas campañas”, dice.
Los otros blancos de esa campaña ahora estarían en el Ministerio del Ambiente, que también se ha pronunciado en contra del Lote 88. Allí, sin embargo, la posición que asuman será en conjunto entre el ministro y sus dos viceministros.