Elízabeth Prado.
Dos hojas con los rostros de Marco Arana, coordinador general de la Marcha Nacional por el Agua, y de Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, en las que se advierte a la población que estos dirigentes serán beneficiados con el dinero que reciben para solventar la movilización del 1º de febrero, fueron introducidas subrepticiamente la madrugada del domingo en las viviendas de la ciudad de Cajamarca.
"Es el inicio de una campaña contra la Marcha Nacional por el Agua hacia Lima, y demuestra que los interesados en que el proyecto Conga se ejecute están desesperados por el inminente éxito de esta gran movilización. Por eso nos atacan", señaló el sacerdote ambientalista Marco Arana.
Días antes, el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos y los alcaldes Mauro Siles, de Celendín; José Marín, de Huasmin; Ever Abanto, de Sorochuco; así como los dirigentes Milton Sánchez, Luis Quiroz, Walter Vera y Justino Montoya, de la Plataforma Interinstitucional Celendina, recibieron una denuncia de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Celendín en la que se les conmina a abstenerse de cualquier acto contra la tranquilidad pública.
La autoridad fiscal también les indica que podrían ser denunciados por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Marcha pacífica
Los delegados de la Marcha Nacional por el Agua elaboraron un manifiesto en el que destacan el carácter pacífico de la marcha.
También refieren que serán las rondas campesinas y urbanas las encargadas de detectar a las personas que tengan la intención de desvirtuar esta protesta social.
En tanto, se supo que en todos los actos litúrgicos celebrados el domingo último en iglesias católicas y evangélicas de gran parte del país se leyó la Oración de los Caminantes del Agua, escrita por el padre Marco Arana.
El 1º de febrero los cajamarquinos saldrán desde la laguna Cortada, previo pago a la tierra, con el acompañamiento de los clarineros de Cajamarca. Al día siguiente iniciarán en la capital de la región la peregrinación hacia la costa. A este periplo lo han denominado la Marcha de los Cántaros.
Declaración de los caminantes
Los objetivos de la Marcha por el Agua son la defensa de las aguas y la Tierra, prohibición de minería en zonas de cuenca, prohibición de uso de cianuro y mercurio, derecho a la consulta, y defensa de la ordenanza regional 036 que declara inviable el proyecto Conga.
El documento señala también que los caminantes no podrán portar ningún arma y tampoco consumir bebidas alcohólicas. Cada caminante cuidará que estos principios sean cumplidos a cabalidad.
En cifras
2.262 concesiones mineras existen en Puno, y ocupan 1.089.159,33 hectáreas del territorio regional.
80% del agua dulce en Puno está contaminada. Solo el 25% de la población total accede a agua segura.