Si alguien tiene motivos para hablar muy bien de ciertos fiscales es Keiko Fujimori. Le debe mucho a  Jaime Schwartz y Jorge Cortez. Estos señores han limpiado a Keiko y a sus tres hermanos de una denuncia que ya tiene nueve años dando bote en los despachos del Ministerio Público: haber pagado sus estudios en Estados Unidos con fondos públicos que su padre recibía de manos de Montesinos. El caso ha regresado a fojas cero.  Todo un faenón fiscal.

Por Ángel Páez/María Elena Hidalgo

La Fiscalía de la Nación se ha tomado casi una década para resolver que no hay pruebas del origen ilícito de los fondos que usó Fujimori, mientras gobernaba el país, para pagar las carreras profesionales de sus cuatro hijos en universidades de los Estados Unidos. Lo más sospechoso es que esta conclusión la hicieron pública, qué coincidencia, en plena campaña electoral de Keiko Fujimori.

Hagamos un poco de historia. Todo empezó el 30 de octubre del 2001. Entonces, la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, ordenó una investigación por enriquecimiento ilícito contra Fujimori. Una de las causales era por no haber acreditado de dónde sacó el dinero que se utilizó para cubrir los gastos de educación en el extranjero de sus cuatro hijos.

Luego, el 20 de marzo del 2003, la fiscal Calderón remitió a la Corte Suprema la denuncia contra Fujimori por no haber justificado el origen del dinero que sirvió para cubrir los estudios en universidades norteamericanas de sus cuatro hijos.

Basándose en la información que el 2001 Keiko Fujimori dio al Congreso, Calderón señaló que Keiko, Hiro, Sachi y Kenya gastaron “la suma de 1 millón 225 mil soles, cantidad que no tiene justificación alguna, ni se condice con el nivel de sueldo que percibió el ex presidente (…), evidenciándose un desbalance patrimonial que permite establecer que el gasto económico efectuado es notoriamente superior a los ingresos obtenidos, coligiéndose un enriquecimiento ilícito, lo que le permitió al denunciado Alberto Fujimori cubrir los altísimos costos de educación en el extranjero para sus hijos”.

Desde entonces, el caso siguió un largo y kafkiano trayecto por los distintos despachos del Ministerio Público, conforme los fiscales se lanzaban el bulto de oficina en oficina, sin resolver nada, esperando que prescriban los delitos, hasta que finalmente el expediente llegó a manos del fiscal Jaime Schwartz Azpur, quien resolvió el asunto en un santiamén.

El 31 de mayo del 2010, Schwartz, de la Sétima Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, concluyó que no había motivo para investigar a Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. El fiscal “descubrió” que los hermanos no habían sido funcionarios públicos; ergo, no se les podía acusar de peculado.

Y sobre la otra denuncia contra los hermanos Fujimori Higuchi (complicidad con su padre en el delito de enriquecimiento ilícito), Schwartz alegó que quien debería pronunciarse es la actual Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.  En términos prácticos, con la decisión del fiscal Schwartz, el caso vuelve a fojas cero. 

¿Nada que hacer?

Pero el  procurador ad hoc del Caso Fujimori-Montesinos, Pedro Gamarra Johnson, no se quedó con los brazos cruzados. Una semana después, interpuso una queja contra la resolución de Schwartz ante el Ministerio Público. Esta institución contestó derivando el expediente al fiscal superior Jorge Cortez Pineda, quien rechazó tanto la queja del procurador  Gamarra como la resolución de Schwartz, y ordenó a este que formulara un nuevo pronunciamiento. Rápidamente, el 21 de junio, Schwartz ratificó que no había motivo para abrir investigación a los hermanos Fujimori Higuchi por el delito de peculado, y se inhibió de pronunciarse sobre el delito de enriquecimiento ilícito en condición de cómplices.

De este modo, casi nueve años después de iniciada la investigación en el Ministerio Público, el expediente de Keiko y sus hermanos retornó al despacho de la Fiscal de la Nación, de donde salió originalmente el 2001. Ahora la documentación se encuentra en el despacho de Flor de María Alva, fiscal especializada en enriquecimiento ilícito, adscrita a la oficina de la titular Gladys Echaíz. La fiscal Alva emitirá un informe  sobre si procede o no investigar a Keiko y sus hermanos, y será Echaíz quien, en última instancia, resolverá aceptar o rechazar el pronunciamiento de Alva.

Hay quienes creen que la resolución del fiscal Schwartz no es polémica y se ajusta a ley. Uno de ellos es el fiscal Jorge Cortez: “El delito de peculado lo cometen los funcionarios públicos, y los hijos de Fujimori no lo fueron. Tampoco son cómplices del delito de peculado porque ellos no colaboraron para que su padre cometiera el delito”, sostiene el fiscal Cortez: “Los hijos se habrían beneficiado con los fondos, pero eso no los hace cómplices. Si bien con ese dinero se pudo haber pagado la universidad, el delito lo comete el funcionario público y no los beneficiarios. Y en el caso de enriquecimiento, estuvo  bien que Schwartz se inhibiera para que se pronuncie la fiscal de la Nación”. Preguntado por la coincidencia del archivamiento del caso justamente cuando Keiko Fujimori se encuentra en plena campaña presidencial, lo que parece una “Operación Limpieza”, el fiscal Jorge Cortez respondió: “Es posible que así lo vea la prensa, pero nosotros hemos actuado conforme a ley”.

Keiko debe ser investigada

El procurador Gamarra no está de acuerdo con el curso del caso. “Lo que planteamos nosotros es que el deber constitucional de cuidar la caja fiscal correspondía a Fujimori. Y sin embargo, él retiró dinero del erario nacional para transferirlo a sus hijos y financiar así sus estudios en Estados Unidos”, explica Gamarra a esta revista: “Es decir, el delito lo consuma Fujimori cuando obtiene el dinero de los fondos públicos y lo entrega a sus hijos, convirtiéndose estos en cómplices directos”.

La propia Keiko Fujimori reconoció ante la Comisión Waisman, en enero del 2001, que su padre le entregaba dinero en efectivo en Palacio de Gobierno para pagar sus estudios y los de sus hermanos en Estados Unidos.  Fujimori no tenía ingresos legales suficientes como para pagar los gastos universitarios de sus hijos.  Recordemos, además, que durante su gobierno jamás cobró su sueldo como jefe de Estado. Está demostrado que el dinero que Fujimori suministraba a su hija eran fondos públicos transferidos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que pertenecían a partidas desviadas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.

Tal parece que desde algunos despachos del Ministerio Público, se pone en práctica una “Operación Limpieza” para abrirle el camino a la candidata Fujimori. “Lo que nos ha sorprendido es la celeridad con que Cortez y Schwartz archivaron el caso. Eso no es normal”, dice el procurador Gamarra.

Sospechosa conducta

Ciertamente, no es la primera vez que el fiscal Jaime Schwartz favorece intereses del fujimorismo. En mayo del 2009, contradiciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al Perú sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas de 2074 mujeres, archivó la denuncia contra los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

Para el ex procurador del Caso Fujimori-Montesinos, Luis Vargas Valdivia, es la fiscal de la Nación Gladys Echaíz quien ahora debería ordenar una investigación profunda a los hijos de Fujimori como presuntos cómplices del delito de enriquecimiento ilícito.

“Los fiscales Schwartz y Cortez no concluyen que los hermanos Fujimori sean inocentes del delito de enriquecimiento ilícito, por lo tanto Keiko Fujimori y sus hermanos sí pueden ser investigados como cómplices de este delito, porque Fujimori es el autor, y cuando entrega el dinero a sus hijos, los convierte en cómplices”, afirma Vargas Valdivia.

Otro ex procurador del Caso Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado, también ha cuestionado la conducta del Ministerio Público sobre la denuncia contra los hijos del ex mandatario.

“Lo que el Ministerio Público ha resuelto sobre este caso es inaceptable, pues está diciendo que los hechos son ciertos y que hay un delito grave, y que hay dinero del Estado que fue usado para pagar los estudios de los hijos de Fujimori, y sin embargo señala que ese grave delito no puede ser perseguido penalmente porque los beneficiarios no eran funcionarios públicos y que no se ha probado que contribuyeron en la consumación del delito”, señaló Maldonado: “¿Qué hizo el Ministerio Público para recabar pruebas de que Keiko Fujimori y sus hermanos conocían de la procedencia ilegal del dinero que recibían? ¿No debió ser motivo de atención del Ministerio Público el hecho de que Keiko y sus hermanos recibieran el dinero en efectivo, que no utilizaban cheques y que para la entrega del dinero intervenían terceros? Mientras los fiscales tengan una actitud burocrática, se perderá la lucha contra la corrupción”.

Difícilmente el Ministerio Público esperará otros nueve años para resolver si los hermanos Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi deben ser procesados por ser cómplices del delito de enriquecimiento ilícito que cometió su padre. El caso terminará archivado. Esto no es benevolencia, es impunidad.