Por Carlos Castro
Subdirector

El 28 de julio del 2005, mientras el entonces presidente Alejandro Toledo se dirigía al país y hacía nuevas promesas a los pobres, policías al servicio de la minera Majaz reprimían, capturaban y torturaban a comuneros de Yanta y Segunda y Cajas, de Ayabaca y Huancabamba (Piura), causando la muerte de uno de ellos. Fotografías entregadas hace unos días a los pobladores y publicadas por este diario revelan la magnitud de la barbarie que hasta ahora, más de 3 años después, sigue impune.

Las imágenes muestran a los comuneros en el campamento de la empresa minera arrinconados unos contra otros, con los rostros ensangrentados, enmarrocados, descalzos, con hematomas en el cuerpo, cubiertos  con sacos que, según recuerdan, tenían polvo lacrimógeno que no les permitía respirar. Si las fotos hacen recordar a los presos de Guantánamo, los testimonios de los comuneros, víctimas de secuestro y tortura, llevan a preguntarse: ¿cómo pueden ocurrir estos hechos en democracia? Hemos recogido algunos de los testimonios  dados en conferencia de prensa esta semana en Piura, y otros que aparecen en la denuncia presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz ante la quinta fiscalía provincial penal de Piura. Los testimonios y documentos gráficos muestran hasta dónde llega la prepotencia de un grupo de policías y el privilegio con el que se conducen determinadas mineras.

Mario Tabra Guerrero, presidente del Frente de Defensa de Ayabaca y uno de los 28 detenidos, dice:

“Fuimos conducidos a un baño donde nos torturaron tres días, acusándonos de  terroristas: ‘hijos de puta, van a morir, por qué no dejan que trabaje la empresa, indios ignorantes de mierda’.

Cuando los detenidos clamaban a Dios, ellos decían ‘Dinoes es Dios’. Cuando cambiaban de turno los relevantes se acercaban y preguntaban ‘¿cuál es el profesor?’. Se me acercaban, sacaban el saquillo, me rociaban con polvo lacrimógeno, volvían a ensaquillarme y rellenaban con golpes. Igual suerte pasaban los detenidos”.

 A Cleofé Neyra, detenida, los policías le preguntaban por Ramiro Ibáñez, Benito Guarnizo y Josefa Adrianzén (dirigentes ronderos): “¿Por qué estos terroristas no vinieron a la marcha? Te vamos a matar. ¿Por qué no te quedaste tirando con tu esposo? Ustedes son putas (les decían los policías mientras ponían las manos entre sus piernas) ¿Por qué han venido? Esto (la tierra) es propiedad privada”.

Elizabeth Cunya se quejó por el frío y le respondieron: “No vas a necesitar ropa en la próxima vida donde vas”. Un policía le quitó el costal a Cleofé Neyra y le dijo: “Tú, vieja, no vas a pagar. Ella (Elizabeth) pagará. Dime si eres una terrorista. Si me dices, nada te va a pasar. Si no dices, vamos a violarla”.

A Yony Carrión Febres, mientras estaba enmarrocado, boca abajo, lo golpearon con una macana. A Leonidas Cruz Granda lo enmarrocaron, lo arrojaron al suelo y lo golpearon; a Sinesio Jiménez le estrellaron su cabeza contra el suelo; un policía caminó sobre la espalda de Samuel Mezones; a Ricardo Ruiz le colocaron carne podrida en la boca y se la hicieron comer.

A Melanio García lo mataron de un balazo después de ser torturado. “Es como si hubiéramos estado en un campo de concentración”, dice uno de los detenidos. Qué exigen los comuneros: respeto a su modelo de desarrollo basado en la agricultura, la ganadería y el ecoturismo. Al otro lado, la minera viola la ley y opera sin el consentimiento de las 2/3 partes de las asambleas comunales. Y así, con todo esto, en el gobierno hay quienes protestan cuando los pueblos reclaman. Hasta el próximo domingo.