El 28 de julio de 2005, fuerzas de seguridad al servicio de la minera Majaz arremetieron contra los campesinos de las comunidades de Yanta, Segunda y Cajas, ubicadas a Ayabaca y Huancabamba (Piura) opuestos a ceder sus tierras a intereses mineros, que desde hace años buscan instalarse en esta zona y cambiarles el uso en nombre de una inexistente necesidad pública.
Como bien ha señalado Carlos Reyna en estas páginas, el asunto remonta a Alberto Fujimori y su corte neoliberal, que  en 1991 se las arreglaron para sacarle la vuelta a la Constitución de 1979, que sostenía que los derechos mineros en la frontera solo se podían otorgar como excepción en caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.

Pero el fujimorismo, mediante el DL 757 convirtió lo que era una excepción en regla general, ya que declaró de necesidad pública la inversión privada, nacional y extranjera, en actividades productivas realizadas en las zonas de frontera. Este DL se ha mantenido bajo Alejandro Toledo y Alan García, y ha sido invocado para propiciar el otorgamiento de derechos a la minera Río Blanco en 2003 y ahora a la minera china Zijin, su sucesora.

Se sabía que los comuneros se habían mantenido tercamente en la lucha, al punto que en el segundo semestre de 2007 organizaron una consulta popular –supervisada por ONG nacionales y extranjeras– que ratificó la voluntad de no ceder sus tierras y mantener en ellas su ancestral uso agrícola. Fue inútil: el Estado alegó que la consulta no era vinculante, intentó dividir a los campesinos e inclusive inició juicio contra sus dirigentes.

Pero lo que no se sabía, por ausencia de testimonios fotografiados o grabados, era la magnitud de lo que acaeció en tierras comunales en 2005 durante la represión organizada por agentes de Majaz, que secuestraron a los campesinos por varios días, los mantuvieron enmarrocados, vendados y encapuchados, asesinaron a Melanio García y torturaron a decenas de hombres y mujeres durante varios días. ¿Qué país  es este en el que semejante atrocidad puede quedar impune?

Los testimonios de esas escenas de barbarie han sido presentados en una conferencia de prensa dada hace pocos días por la Coordinadora Nacional de DDHH y la Fundación Ecuménica par el Desarrollo y la Paz, quienes han acudido ante la quinta fiscalía provincial penal de Piura en busca de castigo a los culpables. Ahora, con la concesión que se ha hecho a Zijin en la frontera, los campesinos sienten que todo comienza de nuevo y que deberán luchar tercamente por mantener intacto su modelo de desarrollo.