Ante presentación de más evidencias  de culpabilidad de policías. La Quinta Fiscalía Provincial de Piura exige identificar a policías que retuvieron a comuneros en Majaz, en julio del 2005.

Frank García. Piura.

La Quinta Fiscalía Provincial de Piura aprobó ampliar por 30 días las investigaciones por el presunto secuestro agravado y torturas infligidas a  27 comuneros y un periodista en las instalaciones de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Copper ), en julio de 2005.

La fiscal a cargo  Ericka Sernaqué (quien reemplaza al fiscal titular José Ortiz), aseguró que la nueva ampliación se debe a que  se necesitan realizar mayores diligencias y analizar las nuevas pruebas presentadas por los demandantes.

Entre estas últimas figuran las 17 fotografías que el periodista Julio Vásquez  entregó a la referida fiscalía en diciembre. En  las tomas se observan los maltratos a las 28 personas retenidas, entre ellas Vásquez Calle, por los policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que vigilaban el campamento de Majaz y los miembros del personal de seguridad de la minera.

Los comuneros que llegaron hasta el campamento en protesta por  la actividad minera en la zona fueron retenidos por más de 72 horas en las que se les golpeó,  impregnó gases lacrimógenos y obligó a dormir a la intemperie semidesnudos, entre otros abusos.

La fiscal señaló que ha solicitado a la  Dirección Territorial de la Policía (Diterpol) de Piura que le proporcione los nombres de los policías que participaron en el secuestro. Los resultados de su investigación podrían conocerse desde el 15 de febrero.

La denuncia presentada en julio pasado por Ronald Gamarra involucra al general PNP Ricardo Benavides, ex jefe de la Diterpol, y al coronel PNP Ricardo Murillo, quien era responsable de mantener el orden en la zona de conflicto.

También se denunció al capitán PNP Marco Gonzales Santillán, encargado de brindar protección a las instalaciones de Majaz.

No ampliarán exploración

La empresa minera Río Blanco Copper S.A. ha desistido del procedimiento de aprobación de su estudio de impacto ambiental semidetallado, que le permitía ampliar su periodo de exploración hasta el 2010, ante la imposibilidad de levantar las observaciones hechas al mismo y cuyo plazo venció el 23 de enero pasado.

Entre las observaciones están el cuestionamiento a la titularidad de Río Blanco sobre cuatro áreas de concesión y la validez de los permisos de uso del terreno superficial.

“Es decir, la minera no ha podido acreditar la legalidad de su presencia en la zona y esta renuncia solo pone en evidencia las irregularidades del proyecto y la incapacidad de aclarar las dudas sobre el mismo”, comentó el especialista en temas mineros José De Echave.