Fiscal  Silvia Sack no fundamentó imputaciones. No se puede violar  garantías del debido proceso, afirma.

La jueza Carmen Arauco Benavente devolvió al Ministerio Público la denuncia que se presentó contra el ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Segundo Alberto Pizango Chota, y cuatro dirigentes de esta organización por presunto delito de sedición, motín y apología del delito.

En su resolución la jueza indica que no puede abrir ni archivar los cargos imputados, pues la fiscal Silvia Sack Ramos no precisa el aporte delictivo de cada uno de los denunciados.  La magistrada Benavente señala que debió efectuarse “una descripción detallada de los hechos y el sustento probatorio de los mismos, como garantía al principio del derecho a la defensa y evitar futuras nulidades”.

Además, indica, no se ha individualizado a los presuntos autores con los delitos denunciados o su participación en ellos. Por ejemplo, la denuncia hace mención a Daniel Marzano Campos, pero luego no lo consigna en su parte resolutiva.