Con argumentos, Gremios periodísticos reclaman se desestime la discutida norma. Iniciativa para regular rectificación sería inconstitucional y crea un ambiente de represión, advierte César Valega.

Miluska Soko.

Ante la posible amenaza, la prensa formó un frente y rechazó el proyecto de ley que propone regular el derecho a la rectificación en medios de comunicación por incluir modificaciones que afectan negativamente la libertad de expresión.

Las distintas organizaciones gremiales alzaron sus voces de protesta frente a este proyecto de ley y pidieron sea desestimado por  los representantes en el Poder Legislativo.

En esa línea, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión fue más enérgica y  calificó la medida como una “amenaza seria contra la libertad de expresión y de opinión”, por lo que pidió su archivamiento definitivo. También llamó la atención sobre la prioridad que ha recibido el polémico proyecto, ya que pese a existir más de doscientos temas por ser debatidos  se ha priorizado “un proyecto confuso en su redacción y carente de sustento que pretende regular un hecho ya regulado en nuestra legislación”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú agregó que esta resulta ser una táctica del sector político por silenciar la crítica y la denuncia periodística, lo que afecta el desarrollo de la democracia en el país.

Análisis de fondo

 De otro lado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) realizó un análisis comparativo entre la legislación vigente y la propuesta que hace el proyecto de ley, y concluyó que esta es lesiva en varios puntos, entre los que destacan el planteamiento de la posibilidad de pedir la rectificación de una opinión, la reducción del plazo para difundir la rectificación de siete a tres días, el considerar al medio de comunicación como responsable subsidiario, y el fomento de la penalización del periodismo digital.

Sobre el penúltimo punto, el CPP precisó que se trata de un artículo que  no debe estar comprendido por una ley de rectificación, ya que la norma pretende establecer una regulación al derecho mencionado y no señalar las sanciones por eventuales transgresiones a derechos a la rectificación.

Finalmente, el CPP advirtió que el proyecto de ley señala que la difamación realizada mediante el “periodismo digital a través de internet” constituye un delito de difamación agravada, por lo tanto es sancionado con una pena mucho más grave.

una iniciativa inútil

Un planteamiento similar hizo el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) que, además, criticó la imposición que hace la norma a los medios de comunicación al reducir el plazo para realizar rectificaciones a solo tres días, parámetro que calificó de cuestionable.
Finalmente, el IPYS argumentó que por más de 12 años de vigencia de la Ley 26847 el derecho a la rectificación ha gozado de una “satisfactoria protección”.

la clave

¿Ley antiblog? Javier Albarracín, responsable de Perublogs, dijo que un blog es la voz de un ciudadano en internet y se pretende hacer caer esas opiniones en la difamación. En ese sentido, pidió diferenciar los medios tradicionales de los abiertos a los que todos tienen acceso. Agregó que esa ley parecería más un intento de acallar a los medios críticos al gobierno.

“Ley mordaza” es calificada de  inconstitucional

El constitucionalista César Valega advirtió que la ley promovida por la Célula  Aprista es inconstitucional, ya que “la responsabilidad de la prensa se fija después de que se publica y no antes”.

Precisó que esta ley fomenta el control previo por parte de los dueños de los medios de comunicación, quienes podrían temer ante las acciones judiciales que podrían iniciarse por algunas publicaciones, ya que ellos también serían responsables. En consecuencia, limita la posibilidad de informar y opinar y “crea un ambiente de represión”, añadió.

En esa misma dirección opinó el decano del CAL, Walter Gutiérrez, quien agregó que la norma debería recoger la distinción que hace la CIDH entre información y opinión.