Evaluación. piden que premier garantice imparcialidad. Cecilia Blume y Francisco Sagasti dicen que exámenes deben ser tomados por una entidad neutral y servir para dar capacitación.

María Elena Castillo.

La evaluación anunciada por el Ejecutivo en el sector público podría generar despidos masivos, tal como ocurrió en el gobierno de Alberto Fujimori, advirtió el secretario de defensa de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú –afiliada a la CGTP–, José Luis Sandoval.

Sostuvo que no basta que el jefe del gabinete, Javier Velásquez Quesquén, haya asegurado que no despedirán a los trabajadores, pues el Decreto Legislativo 1025 –promulgado el año pasado por el presidente Alan García y el entonces premier Jorge del Castillo– indica en el artículo 20 que no aprobar una segunda evaluación se considera como causal de despido.

“¿Qué garantías podemos tener de que no utilizarán esta evaluación políticamente para despedir a los trabajadores públicos?”, inquirió.

Por eso Sandoval propuso que el premier firme un convenio con representantes de los trabajadores, en el que participe la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión de Trabajo del Congreso y la Defensoría del Pueblo, garantizando que no habrá despidos masivos.

Sandoval indicó, además, que de acuerdo al Decreto Legislativo 276 los trabajadores del sector público deben ser permanente capacitados, para lo cual el gobierno debe destinar un presupuesto; sin embargo, en la mayoría de entidades estatales eso no se cumple.

Exámenes diferenciados

Por su parte, la ex jefa del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros Cecilia Blume opinó que la evaluación es importante para mejorar la calidad en la atención y la profesionalización del sector público. Sin embargo, precisó que los exámenes deben ser diferenciados y de acuerdo a las responsabilidades de cada sector, y ser tomados por una entidad imparcial, como una universidad.

Comentó que no se puede hacer las mismas preguntas a un jefe de la Oficina de Programación de Inversión del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que supervisa megaproyectos como carreteras, con una oficina de provincias, que analiza obras más pequeñas como una posta médica o una escuela. Refirió que no se puede evaluar a los funcionarios públicos solo en base a exámenes, sino que se debe tomar en cuenta también su profesionalización, y otorgar puntos por las maestrías que hayan seguido así como el cumplimiento de metas y el rendimiento que hayan demostrado.

No es castigo ni premio

El analista Francisco Sagasti manifestó que es muy importante establecer una cultura de evaluación de desempeño en todas las instancias públicas, pero aclaró que este no debe ser confundido como una práctica de castigo o premio sino para determinar cuáles son las necesidades de capacitación de los funcionarios públicos.

Recomendó que si bien los exámenes deben incluir los mismos criterios para todos, deben contener un grupo de preguntas generales y otro según los niveles y responsabilidades de cada funcionario.

Empezará a fines de noviembre

Se trata de un proyecto piloto elaborado por SERVIR que incluirá a los funcionarios que laboran en las Oficinas de Programación de Inversión del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  La primera etapa de evaluaciones empezará el 25 de noviembre con un examen de conocimientos a los 984 jefes de estas entidades.

El premier Javier Velásquez afirmó que esta evaluación no tiene como objetivo despedir al trabajador sino identificar su nivel de preparación a fin de capacitarlos de acuerdo a sus necesidades.

La segunda etapa se llevará a cabo con los funcionarios que realizan adquisiciones y contrataciones del Estado. En enero del 2010 se continuará tomando exámenes a los demás funcionarios que laboran con el SNIP. Se espera que a fines de febrero se cuente con un diagnóstico de las 10 mil personas que laboran en este sistema de inversiones en alrededor de 2,700 entidades públicas.