Por Nelson Manrique

El nombramiento del gabinete Velásquez Quesquén constituye la renuncia a la ficción de que a la hora de gobernar Alan García escucha a alguien. Este gabinete es un coro de gentes que le deben la vida a García y, por supuesto, no tienen atisbo de opinión propia.

Yehude Simon entró al gobierno proyectando la imagen de que mantendría un cierto margen de independencia. Meses después, el saldo de su paso por el premierato es lamentable. No enfrentó la corrupción gubernamental (se supone que esa era la justificación de su incorporación) y ésta está más floreciente que nunca: véase la soberbia con que Rómulo León Alegría –camino a casita– ha advertido públicamente a sus socios que no va a hablar… a condición de que a él no lo toquen.

Como premier, Simon negó, primero, y reconoció, después, cuando no le quedó más remedio, que él también visitó la suite de Fortunato Canaán, acompañado por el infaltable León Alegría. Avaló todas las decisiones del gobierno y en pocos meses terminó mimetizándose con Alan García hasta el punto de convertirse al neoliberalismo y ofrecerse como el candidato de la derecha. Hoy parece seguir aferrándose a la ilusión de que será el candidato presidencial del Apra (lo será: si se produce en los próximos dos años un desastre tan grande como para que necesiten de alguien que cargue con el muerto, pero entonces probablemente tendrá que competir por la plaza con Ántero Flores Aráoz).

Velásquez Quesquén en cambio no da lugar a ninguna ilusión equívoca. Va a ser el megáfono del Presidente, y éste va a terminar expuesto y sin pararrayos. La cuestión es si para los tiempos basta con un fiel escudero.

Se ha hablado de un “gabinete de choque” (Rey, Salazar y el propio Velásquez Quesquén), y esta definición parece buena como descripción de las motivaciones de Alan García al escoger a sus nuevos ministros. El problema es si el “choque” es la respuesta adecuada para encarar la crisis política en curso, como hace tiempo vienen propagandizando los voceros fujimoristas que lee García.

Alan García ha definido su agenda como “orden e inclusión” y los ministros entrantes se han apresurado a alinearse con este programa. En realidad, esta línea estaba ya en marcha antes de la juramentación del nuevo gabinete. Mientras Simon firmaba actas a discreción, se realizaba un operativo que  combinaba la represión contra los dirigentes nativos (dos integrantes más de Aidesep han tenido que asilarse en la embajada de Nicaragua) y el intento de quebrar la representación gremial de los pobladores amazónicos promoviendo desde el Estado una maniobra divisionista. Se va a persistir pues en la línea que ya ha fracasado, a un muy alto costo social.

Cuando García habla de “orden” no está pensando en encarar las causas reales de los conflictos sociales que han convulsionado al país, sino en imponerse a través de la represión, utilizando al mismo tiempo el aparato estatal para desarrollar una política clientelista, a través de los programas sociales. No se va a tocar el modelo económico neoliberal y los intereses empresariales que se cobijan bajo su paraguas, como lo muestra el nombramiento de Martín Pérez, un operador del grupo Romero en el ministerio de Comercio Exterior.

El endurecimiento del régimen no va a resucitar la propuesta del “perro del hortelano”. La receta de la “mano dura” mostró sus límites en Bagua y lejos de contener las protestas le estalló al gobierno en la cara. Pero por desgracia aparentemente 35 muertos no son suficientes.