La política del gobierno respecto a los conflictos sociales es ultraliberal: dejar hacer, dejar pasar. En tanto, congresistas y funcionarios oficialistas los incitan y azuzan.
Aunque algunos funcionarios del gobierno anunciaron que los conflictos sociales iban a terminar o disminuir drásticamente porque los iban a manejar de manera diferente, lo que está ocurriendo es que, luego de un breve periodo de tregua, estamos frente a una nueva oleada de conflictos.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno es una sola: ceder ante las demandas y permitir los bloqueos de carreteras y hechos de violencia. Como muestra la experiencia de los últimos años, ese es el camino más directo para incentivar más protestas y más violencia.
Ceder y ceder
El estreno del gobierno en este campo fue el peor que se pueda imaginar. Ante una amenaza de bloqueo de los algodoneros del sur, enviaron al presidente del Congreso, Daniel Abugattás, que en un abrir y cerrar de ojos accedió a las demandas. De inmediato, se prohibieron las importaciones de algodón y de hilados de la India, favoreciendo a ciertos grupos económicos y perjudicando a otros.
Ante el bloqueo de carretera de los cocaleros de Aguaytía, el gobierno aceptó velozmente la exigencia de llevar la erradicación a otra parte.
Dicho sea de paso, en reemplazo a la erradicación, el premier Salomón Lerner –inspirado por Ricardo Soberón– ha propuesto la absurda idea de pagarles a los cocaleros ilegales para que dejen de sembrar coca. Como muchos han recordado, esa política ya se aplicó con resultados ruinosos.
En realidad, como se sospechaba, el gobierno no tiene ningún planteamiento para ese problema, fuera de permitir que se expandan los cultivos ilegales que abastecen al narcotráfico.
Más violencia
Hace 10 días, un grupo de personas intentó impedir la audiencia pública para la ampliación de Toquepala, un proyecto de US$ 600 millones que permitirá duplicar la producción y aumentar significativamente el canon que percibe esa región.
Bloquearon carreteras y se enfrentaron a la Policía con un saldo de varias decenas de heridos. Un congresista oficialista por Tacna y la gobernadora nacionalista de la región respaldaron las movilizaciones y la violencia. Luego varios parlamentarios humalistas criticaron al ministro del Interior por el desempeño de la Policía.
El premier Lerner de inmediato anunció que se instalará una mesa de diálogo. ¿Esa es la Gran Transformación? ¿Hacer exactamente lo que se hizo en los últimos años?
Con una variante, ciertamente: congresistas oficialistas y funcionarios gubernamentales incitando las movilizaciones, los bloqueos y la violencia y ofreciendo protección a los manifestantes.
En Vinchos, Ayacucho, comuneros bloquearon una carretera, atacaron a pedradas dos vehículos de la empresa PLNG, causaron daños en una válvula del ducto que trasporta el gas de Camisea e incendiaron un vehículo policial.
En Combayo, Cajamarca, un grupo de personas bloqueó la carretera tratando de impedir los trabajos de minas Conga, un proyecto de US$ 4.800 millones que ya está en construcción.
Naturalmente, no hay detenidos ni procesados por las acciones de violencia y los ataques a la Policía protagonizados por esos grupos.
Varios ministros y el propio presidente Ollanta Humala hablan constantemente de las decenas de miles de millones que se invertirán en el Perú durante los próximos 5 años. A este paso, muy poco se va a concretar.
“Perú grande y eterno”, extraordinario espectáculo el lunes pasado en el Casino de Miraflores, con canciones y poemas de Gladys María Pratz, interpretados por Marcela Pardón, Bruno Odar y otros artistas. Quedé impresionado. Ojalá la ministra Susana Baca lo difunda a un público más amplio.
Gustavo Gorriti ha criticado en Caretas lo que publiqué la semana pasada sobre Sendero en el VRAE. Gustavo defiende la propuesta del ministro de Defensa, Daniel Mora. En años anteriores tuvimos un debate sobre el tema.
Gorriti apoyó la estrategia militar que se aplicó en el VRAE que yo criticaba. El resultado de esa estrategia fue un fracaso absoluto y completo para las FF.AA., que solo acumularon bajas mientras los senderistas se fortalecieron y extendieron sus operaciones. Ahora Gorriti pretende comparar la situación del VRAE, donde opera una banda senderista de sicarios del narcotráfico con la guerra de Viet Nam, dos situaciones totalmente distintas en épocas completamente diferentes. Es un exceso comparar a Ho Chi Minh y Vo Nguyen Giap con mafiosos de tercer nivel como Alipio, Raúl y José. Contradictoriamente, Gorriti respalda la labor policial en el Alto Huallaga, donde casi se ha liquidado a la banda de Artemio capturando o abatiendo a sus miembros, sin necesidad que la Policía ingrese al lucrativo negocio de la construcción de carreteras.
