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El debate sobre las concesiones mineras

Por José de Echave
Director de cooperacción


El líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, declaró la semana pasada que se debería suspender la entrega de nuevas concesiones mineras hasta que se definan nuevos y mejores procedimientos: consulta e información para las comunidades, ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, son algunas de las propuestas que se barajan.

De inmediato el presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño, respondió señalando que la propuesta de Tierra y Libertad era casi un atentado contra las inversiones y que estas se paralizarían si se tomase semejante medida.

¿Es descabellado hablar de una suspensión de entrega de concesiones mineras? De ninguna manera. Para comenzar no es ninguna novedad: el ministro del Ambiente, Antonio Brack, lo viene haciendo en Madre de Dios, donde se ha suspendido la entrega de nuevas concesiones hasta poner orden. ¿Por qué no aplicar medidas similares en regiones donde los graves problemas ambientales y los conflictos vinculados a la minería se siguen multiplicando? ¿Por qué se aplican diferentes varas?

Hoy en día otorgar una concesión es un procedimiento tremendamente simple en el Perú. Es un trámite casi automático que se hace en Lima y, por ejemplo, no tiene en cuenta si bajo la concesión hay una población u otra actividad productiva, entre otros aspectos. Además, no hay mecanismo de comunicación con el gobierno local, de manera previa al otorgamiento de la concesión, pasando por alto si en el mismo territorio hay un plan de desarrollo previo y un proceso de ordenamiento territorial, etc. Menos aún se coordina o informa a los propietarios individuales o colectivos de los terrenos.

Las comunidades y poblaciones locales cuestionan esta estrategia de hechos consumados, en la que primero se entrega la concesión y después habrá que ver cómo se arreglan las partes en disputa. Exigen el derecho que tienen todos de estar oportunamente informados.

¿Por qué no mejorar los actuales procedimientos? Se trata de que las poblaciones estén informadas desde un inicio y por supuesto participen en la toma de decisiones. Se trata también de que la decisión de asignar derechos mineros en una determinada zona responda a una adecuada planificación y a un verdadero interés público.

Esto no debería asustar al presidente de la CONFIEP ni a las empresas mineras. Por el contrario, las empresas deben estar enteradas de que en el mundo se vienen evaluando las zonas que deberían estar prohibidas para actividades extractivas como la minería, y en el Perú ya existe un catastro no minero que debería ser revisado.

Es conveniente para el Estado, las empresas, las poblaciones y sus autoridades que se acceda de manera oportuna a toda la información disponible y se discutan todos estos temas. Nadie debería inquietarse por ello y seguramente las relaciones en las zonas de influencia de actividades mineras y de hidrocarburos mejorarían.

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