En una columna anterior decíamos que uno de los problemas que afrontaría este gobierno sería la falta de experiencia política de sus cuadros que por primera vez llegaban al poder. Si enumeramos los hechos en estos más de cien días podemos decir que el tiempo nos está dando la razón. Ahí están los casos de la ministra de la Mujer, del vicepresidente Omar Chehade, de la respuesta confusa del premier Salomón Lerner sobre la situación carcelaria de Antauro Humala y, ahora, lo de la ex congresista del Partido Nacionalista y viceministra de Energía y Minas, Susana Vilca Achata, sobre las concesiones mineras que están a su nombre. En un comunicado desde su despacho la viceministra intenta desmentir la denuncia periodística, pero solo lo hace en parte. Según su afirmación solo es propietaria de la concesión “Brandon HV”, ubicada en el distrito de Huari, en Áncash.
El portal de la web de Ingemin precisa, sin embargo, que la viceministra tiene otras dos concesiones activas: La Quebradita, en Acarí, Arequipa, y la de VHL, en Yesabamba, Arequipa, ambas presentadas en Puno. Aparecen también otra decena de denuncios a su nombre, pero todos ellos en extinción, según se indica.
Vilca explica además que “Brandon HV” se sitúa en la pequeña minería, por lo que “las competencias administrativas sobre la misma no corresponden al ministerio de Energía y Minas”. Una verdad a medias porque su cargo en el MEF puede llevar a que algunos funcionarios regionales le otorguen preferencias no pedidas para sus concesiones. No tenemos motivos para dudar de que, como afirma, en los meses en que lleva de funcionaria pública ha actuado correctamente en Energía y Minas sin abogar por ninguna solicitud de concesión, exploración o explotación de yacimiento minero.
¿Es malo que la viceministra Vilca tenga una, dos o más concesiones mineras? Evidentemente que no. Ella es ingeniera de minas y como cualquier ciudadano está en su derecho de vincularse empresarialmente a la actividad minera. Lo cuestionable para empezar es que no consignara –como ella lo admite– su actividad privada en la declaración jurada que entregó al asumir el cargo en Energía y Minas.
Luego, existe un problema ético y de conflicto de intereses. Vilca no puede ser juez y parte. Su caso adquiere mayor protagonismo en estos momentos por los conflictos mineros que enfrenta este gobierno, por lo que tal vez debería preguntársele si no es mejor que renuncie a su cargo. Así evitaría convertirse en un nuevo caso Chehade.
El vicepresidente, comosabemos, se niega a renunciar y, por el contrario, piensa que cuenta con el respaldo mayoritario de los peruanos, sin comprender que se encuentra a un paso de ser expectorado del Parlamento. Según nuestra información la mayoría de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está por el desafuero del legislador oficialista y se apresta a pronunciarse antes de que concluya noviembre. Lo peor para el gobierno es que Chehade se sigue moviendo entre bastidores afectando la credibilidad del régimen de Humala.
El sábado, por la noche, por ejemplo, se reunió en su oficina congresal del jirón Junín con el asesor jurídico del presidente Humala, Roy Gates. ¿Qué abordaron en la reunión? ¿Le trajo Roy Gates un mensaje del Jefe del Estado? ¿Le pidió la renuncia para que su terquedad no siga comprometiendo al régimen de OH? Son preguntas que no tienen respuesta porque Palacio no ha emitido ninguna declaración. Y ese es otro de los problemas del gobierno. La poca transparencia con la que se maneja en ciertos hechos. Algo que debería cambiar, y mientras más rápido, mejor.
