Por Carlos Castro
El jueves último, tras la emboscada terrorista que costó la vida de dos valerosos soldados peruanos, el ministro de Defensa, Rafael Rey aprovechó una entrevista de TV para atacar a las organizaciones defensoras de los DDHH. Imagino que los televidentes esperaban de él respuestas claras ante este “nuevo Sendero” que se torna en una amenaza, cada vez más peligrosa, por su alianza con el narcotráfico. En la entrevista, Rey lució como un ministro desinformado, sin entender para qué fue nombrado y sin un plan que mostrar, en un momento en que los peruanos requieren saber con urgencia qué está haciendo, en este campo el gobierno y, en especial, el ministro de Defensa. En sus discursos prevalecen , antes que un programa, su reiterada oposición al Museo de la Memoria, que impulsa el escritor Mario Vargas Llosa, por encargo del gobierno, sus ataques a la Comisión de la Verdad y a las organizaciones de DDHH –en la misma línea de Alan García, Giampietri, de la cúpula del Apra y de los fujimoristas– a las que acusa de perseguir y llamar “asesinos” a los militares por el “único pecado” de haber defendido a la patria.
El ministro falta a la verdad. Primero porque las organizaciones de DDHH han asumido la defensa de policías y militares, en más de una oportunidad. El caso más reciente es el de los deudos de los policías caídos en Bagua. Lo que no puede hacer Rey es contribuir a la impunidad en crímenes, como los de Putis o Huancapi, en donde patrullas militares asesinaron impunemente a 123 personas y se llevaron y desaparecieron a profesores, respectivamente. 25 años después de la matanza de Putis los familiares han podido dar sepultura a sus seres queridos. Pero hasta ahora no encuentran justicia.
Defensa se niega a informar a las autoridades judiciales los nombres de los miembros de la patrulla que llegaron a Putis, Ayacucho, convocaron a los comuneros, los hicieron cavar zanjas, con la promesa de construir una piscigranja, pusieron a los hombres en primera fila, y, sin ninguna explicación, los acribillaron, violaron y mataron a las mujeres, ultimaron a los niños, se llevaron el ganado de los comuneros y lo vendieron para su provecho personal. ¿Esta barbarie puede quedar impune? Cuando los familiares o las organizaciones de DDHH reclaman, Rey los acusa de proterroristas. Es lo mismo que hace con la CVR, sin mencionar que en el informe de la comisión que presidió Salomón Lerner se condena en todos los términos a Sendero. “Por su carácter criminal y totalitario, despectivo de todo principio humanitario, el PCP-SL” “no puede tener cabida en una nación democrática y civilizada como la que deseamos construir todos los peruanos”, dice el informe que acaba de cumplir seis años y que lamentablemente no ha encontrado, hasta ahora, el apoyo que debió de haber tenido, este extraordinario trabajo, de un gobierno democrático.
Reclamar sanción para los culpables de la matanza de Putis no es desconocer que militares y policías entregaron su vida para combatir a Sendero. Como lo hicieron miles de compatriotas en todo el país. Tal vez el ministro Rey haría bien en entrevistarse con Daniel Huamán, alcalde de Chungui (Ayacucho) que estuvo en Lima, en la presentación de la reedición del libro: Chungui, violencia y trazos de memoria, del antropólogo y retablista ayacuchano Edilberto Jiménez. Huamán, cuyo pueblo está hoy otra vez en el centro del fuego cruzado SL-narcotráfico-FFAA, habló de la extrema pobreza de su distrito, sin salud, educación, vías de comunicación y abandonados totalmente por el Estado. “Hoy –dijo en una frase que resume el drama que vive como alcalde– en lugar de hacer obras nos hemos convertido en policías y militares”.
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