La universidad esperada

Por Manuel Burga

En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.

Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.

Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.

En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.

Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.