Barranco: demoliendo la ley y el malecón

Diego García-Sayán

“Hago lo que me de la gana”, vicio nacional añejo. Ejemplos sobran. Me refiero a otro – y serio– que toca no sólo a los vecinos de Barranco sino a toda la ciudad. La prensa ya se ha referido a la mole de concreto que una prepotente señora pretende perpetrar en la zona virgen de los acantilados de Barranco; ya ha avanzado en destruir un pedazo del malecón Pazos. Contando, por cierto, con la lenidad municipal y la cómplice firma de un arquitecto inescrupuloso presto a cumplir el papel de Atila.

Y no me refiero a proyectos sobre los acantilados en los que ya había construcciones durante el siglo XX (ahora mutando hacia discutibles edificios). Sino a la zona aún libre ubicada entre Armendáriz y el Malecón Junín. “Encementando” esa área se destruiría una de las pocas zonas paisajistas con las que cuentan los ocho millones de habitantes de Lima.

Esta historia tiene que ver, como en otros casos, con irregulares licencias de construcción, el mal uso del “silencio positivo”, acciones de amparo y la debilidad de la administración distrital. Sin embargo, la responsabilidad central en este caso es de la Municipalidad de Lima. Veamos por qué. El 2006 se aprobó una nueva y razonable “visión” metropolitana de la Costa Verde preparada por Augusto Ortiz de Zevallos. Pocos meses después el Alcalde de Lima declaró que los acantilados eran intangibles. Hasta allí todo bien, … pero sólo en apariencia.

La “visión” y la declaración discursiva sobre intangibilidad no pasaron de ser un saludo a la bandera pues no se tocó el viejo Plan Maestro ni el esperpéntico Reglamento de Usos del Suelo. Y allí está la madre del cordero. Nada tienen que ver la “intangibilidad” ni la “visión” con ese Reglamento. Que permite que se construya en los acantilados zoológicos, peñas, casinos, hoteles, centros comerciales y moles residenciales de alta densidad. De “intangible”, pues, nada.

Es responsabilidad de la Municipalidad de Lima –y de nadie más– cerrar esta grosera brecha entre discurso y realidad. La salida lógica es dejar sin efecto el actual Reglamento de Usos del Suelo (que se aprueba por Ordenanza metropolitana) y que se sustituya por otro.

Estableciendo la intangibilidad como principio y las condiciones para las excepciones.

Ya que, como parece, el Alcalde de Lima y sus asesores están atareados con lo del Metropolitano, las actuales normas al menos se podrían suspender – y de inmediato– fijando un plazo para la puesta en vigencia de otras. La intangibilidad de la zona paisajística no puede seguir siendo palabra hueca ni la autoridad metropolitana puede abdicar de su responsabilidad en la protección del medio ambiente.