Los nombramientos ministeriales de julio buscaban transmitir dos mensajes: concertación y confianza a la inversión privada. Lo segundo se consiguió en lo esencial. Sus destinatarios principales (los empresarios) lo entendieron así y parecen haber perdido la desconfianza. En cuanto a la concertación, hubo luces y sombras.
La designación del gabinete Lerner fue una saludable muestra de pluralismo. Pero muy rápido fue evidente que la concertación no caló en el clima nacional. Luego del breve remanso que siguió al cambio de gobierno, las cosas volvieron a la “normalidad” que dejó como herencia el gobierno anterior. Al interior de la casa, además, el gabinete parecía a ratos más una suma de solistas que una orquesta cohesionada. Solistas que, además, a ratos desafinaban chillonamente como ocurrió en dos ocasiones cuando dos ministros enredaban todo con desafortunadas propuestas de impunidad que no están en la agenda gubernamental.
Es claro que el foco gubernamental está ahora en el orden público y que éste es el mensaje que se quiere transmitir con el cambio de gabinete. En este contexto es una simplificación resumir la designación del gabinete Valdés como el paso, supuestamente “evidente”, hacia una inercial y fatal “militarización” del gobierno. Esta visión es equivocada por dos razones.
Primero porque las condiciones del país y de las instituciones son muy distintas a las de los noventa. El tema central ahora no es la amenaza terrorista ni el Estado podría derivar hoy fácilmente en la monstruosidad que se generó con la impunidad del SIE y del SIN, el control total de los medios de comunicación o la falta de transparencia en la información en manos del Estado. Y algo más importante: amplios sectores de la sociedad ya padecieron la década del noventa y no tolerarían un proceso de corte autoritario o una nueva imposición de la intolerancia. Un camino autoritario en las actuales condiciones sería un factor adicional de desorden y, acaso, de inestabilidad.
Segundo porque es simplista concluir que el gobierno se ha “militarizado” por el hecho de que el nuevo premier sea un militar retirado. Cierto que Valdés Dancuart ostenta el rango de teniente coronel (r), pero, como muchos lo han dicho, salió del Ejército hace 20 años (y por las buenas razones) y durante ese lapso se ha dedicado a ser empresario. Además, el gabinete tiene una composición plural y está plagado de personalidades calificadas y democráticas; entre otras cosas, cuenta ahora con un ministro de defensa civil y democrático del cual no creo se pueda esperar propuestas torpes como las que le oímos hace algunas semanas a su predecesor uniformado.
En cualquier caso el hecho es que es evidente el énfasis que se quiere poner en el orden público y en la disminución de la conflictividad social. Es claro que un manejo inapropiado de ese tipo de prioridades puede abrir derroteros inciertos, pero creo que debemos asumir que ello no ocurrirá y que se hará un ejercicio adecuado del poder del Estado. Lo que es obvio es que la conflictividad no se atenuará si no se enfrenta sus causas y si no se afina la labor del Estado en el ámbito de la prevención. El cambio de gabinete, por sí solo, no modifica un ápice las condiciones de la conflictividad. Es sobre eso que se debe actuar.
La conflictividad tiene que ver, por cierto, con liderazgos intransigentes. Pero que se nutren de condiciones que están en la realidad a las que usan como caldo de cultivo. La inversión en minería es desde hace cinco años el marco de más del 50% de los conflictos y eso podría ampliarse. El 2011 es ya el año con más inversión minera (más de US$ 4.000 millones) en la historia peruana. Ello alimenta expectativas adicionales y mayores preocupaciones ambientales. Lo que es un hecho es que las normas benevolentes vigentes –o la carencia de normas– así como un Estado ausente –un “paquete” heredado del gobierno anterior– no pueden seguir siendo la pauta. Esto se debe y puede cambiar para reducir drásticamente la conflictividad.
