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El sismo centroamericano y las drogas

Se busca todo tipo de respuestas frente al crimen organizado. En algunos países centroamericanos, ruta obligada de la droga ilegal que va de Sudamérica a los EE.UU., la realidad es espeluznante. Tres países –Honduras, Guatemala y El Salvador– tienen los más altos índices de homicidios, alrededor de 30 por cada 100.000 habitantes (el doble que el promedio latinoamericano). El crimen parece estar ya fuera de control y los gobiernos superados por una vorágine de homicidios, sistemas carcelarios colapsados, zonas del territorio en manos del crimen organizado e inseguridad generalizada.  



El 2011 fueron asesinadas en Honduras más de  6.000 personas, número mayor al de todos los muertos por la represión del régimen de El Assad en Siria. La sociedad hondureña está jaqueada por el más alto índice mundial de homicidios (82 por 100.000). Si bien en Guatemala el índice es de la mitad, es, de todas formas, una cifra altísima. El contexto es, además, el de un país en el que el 60% del territorio ya está fuera de control del Estado (como se reveló en un cable hacia los EE.UU. “wikilikeado” el año pasado del embajador norteamericano). En El Salvador, las maras, articuladas con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, han obligado al gobierno a involucrar al Ejército en la lucha contra la criminalidad.



Casi la totalidad de la droga ilegal que va hacia EE.UU. desde Sudamérica pasa a través de ese triángulo y es un ingrediente central del sismo delincuencial. Ante la falta de resultados de las políticas vigentes ha resurgido en Centroamérica el debate sobre la despenalización de las drogas. Pero no se trata, esta vez, de los 17 ex presidentes, ex ministros o intelectuales que publicamos hace dos años, convocados por Cardoso, el informe “Hacia un cambio de paradigma”. Ahora son presidentes centroamericanos en funciones  quienes llaman a enfrentar el descontrol del crimen revisando lo andado.



Lo sorprendente es que quien dio el primer paso, la semana pasada, fue el general Otto Pérez Molina, recién asumido presidente de Guatemala cuyo eje de campaña fue la “mano dura” contra la delincuencia. Sin ambigüedades ha planteado que no se considere delito el transporte ni el traslado de droga. Considera, por lo visto, que ese es el camino para que su país no siga siendo una suerte de portaviones regional del narcotráfico y de la violencia. La siempre cauta presidenta costarricense Laura Chinchilla, acaba de sumarse esta semana a la iniciativa de promover este debate. Los presidentes centroamericanos se reunirán para esto, según parece, en el mes de marzo.



Es muy bueno lo del debate. Ojalá se haga y que sea latinoamericano. Para salir de los lugares comunes y del clásico discurso simplista. Porque “cae mejor” en la opinión pública el inflamado y unilineal discurso contra las drogas, aunque se dé sobre un terreno en llamas, del cual emergen fieras y muchos muertos. Por eso los políticos en funciones públicas –y quienes quieren acceder a ellas– suelen quedarse en ese discurso simple y sin matices.  



Las vertientes del crimen organizado son, sin embargo, varias. Los países centroamericanos son también zona de tránsito y operaciones del tráfico ilegal de personas. Decenas de miles transitan por Centroamérica y México hacia los EE.UU. Se estima que varios miles son víctimas de secuestros, homicidios y violaciones por redes del crimen organizado que trafican, también, con drogas y con armas en una suerte de dantesco paquete.



Lo evidente es que ciertas políticas acaban generando, sin proponérselo, más violencia. No sólo ocurre con la lucha contra el narcotráfico. Mientras EE.UU. endurece su batalla contra los migrantes, la violencia se acentúa, pues las redes criminales buscan caminos más sórdidos de acción. Es una hidra de varias cabezas de violencia y criminalidad. Buscar soluciones debería llevar a debatir, por ello, no sólo sobre drogas sino sobre políticas migratorias cerriles y sobre las graves flaquezas en el control del comercio de armas.

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Diego García Sayán Diego García Sayán

Abogado. Juez y ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanosy Director General de la Comisión Andina de Juristas. Asimismo es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya.

Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores del 2001 al 2002. Durante su gestión el Perú promovió, y América adoptó en Lima, la Carta Democrática Interamericana . Asimismo García-Sayán promovió un papel activo del Perú en la ratificación el 2001 del Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional .

También fue Ministro de Justicia en la transición democrática (2000-2001) durante la presidencia de Valentín Paniagua . Durante la transición democrática se impulso el proceso anticorrupción logrando el Perú recuperar en ese lapso más de 100 millones de dólares de los que se había apropiado la red de Fujimori y Montesinos. Se impulsó, asimismo, la  reconstrucción de un sistema de justicia que había sido desarticulado y maniatado durante el fujimorato. También, impulsó un amplio proceso de consultas a la sociedad y a las organizaciones políticas que llevó a la creación de la Comisión de la Verdad en junio del 2001. Fue antes congresista de la República luego del fallecimiento de Gustavo Mohme Llona .

En el ámbito internacional ha desempeñado diversas funciones. Entre otras ha representado a las Naciones Unidas en las negociaciones de paz en Guatemala y El Salvador en los 90. También fue el representante del Secretario General de las Naciones Unidas en la verificación de los acuerdos de paz en El Salvador. También ha sido el jefe de la Misión Electoral de la OEA en Guatemala en el 2007.

También es profesor universitario y autor de numerosos libros y ensayos sobre relaciones internacionales, Derecho Internacional y Derecho Constitucional.