La lógica del avestruz: no querer ver la realidad. Tal como lo hicieron muchos en los inicios de la violencia desatada en 1980 por el terrorismo de Sendero Luminoso. Y ocurre también con sus consecuencias. Muchos fueron afectados, pero el fuego cruzado convirtió a los excluidos de siempre en las principales víctimas. El 80% de los muertos fueron campesinos andinos, que significaban sólo el 26% de la población nacional. Todo ello ha dejado una huella muy grande y profunda que llevará años reparar y resarcir. Y en ello el Estado tiene una responsabilidad histórica frente a este reto nacional. Sobre ello es bueno comentar dos aspectos sobre la memoria y la reparación.
Primero, la urgencia –irrenunciable– de la Memoria; sobre lo que nos pasó, para asegurar que algo así no se repita. Es un asunto de fondo y sobre el que siempre habrá aspectos de controversia. El país cuenta, sin embargo, con el informe de la Comisión de la Verdad (CVR) que, como cualquiera obra humana, no es un producto perfecto y que puede ser ampliado y complementado. Pero, como lo ha destacado esta semana Carlos Meléndez –crítico de la CVR–, “es el esfuerzo más logrado de reconstruir una narración de país sobre una de sus mayores crisis”.
Quien lo haya leído se dará cuenta que el trabajo es serio y que se sustenta, entre otras fuentes, en 17.000 testimonios de víctimas (que merecen, por cierto, respeto y no adjetivaciones). Lo lamentable es que campañas ideologizadas de satanización por extremistas de uno y otro lado hayan dificultado que se puedan usar sus resultados para que la sociedad sepa qué pasó. Distinto es –o sería– un debate con ideas y propuestas concretas que apunten a enriquecer una explicación rigurosa de lo ocurrido, sin soslayar, por cierto, responsabilidades estatales.
Por ello, es alentador que surjan voces gubernamentales que apuntan a llenar este vacío. Tal como lo acaba de recordar la ministra Carolina Trivelli, al calificar de “altamente valioso” al informe de la CVR, éste es una pieza en la definición de políticas públicas. Alentador, también, que se le vaya a tomar en cuenta para los textos escolares, como lo ha anunciado la ministra de Educación y han respaldado tanto el ministro de Defensa como el presidente del Congreso. Es de esperar que no se sucumba ante la grita sectaria extremista y que se perfile, de una vez, una dinámica de rescate de la memoria que se nutra de esfuerzos como éste.
Segundo, que, para variar, los excluidos de siempre son los que peor la pasan en todo. Para muchos bolsones de peruanos pobres la “memoria” tiene un contenido dramático que no es otro que esperar una reparación muy concreta: que, después de años, se encuentre en alguna fosa común a sus familiares desaparecidos y presumiblemente muertos para darles cristiana sepultura. Miles aún lloran a seres queridos en muchos rincones del país y claman por “inclusión” –hoy parte de la política oficial– y ser destinatarios de ella.
Algunos pudieron enterrar en noviembre en el Santa a sus familiares asesinados en 1992 por el grupo Colina. Otros, en Vizcatán (VRAE), aguardan hoy, con angustia, la identificación de más de 100 sepultados en 14 fosas recién descubiertas en Ayahuanco, provincia de Huanta, al parecer obra de senderistas. Tremendas heridas y lacerantes deudas de “memoria” que demandan una política de reparaciones en serio, como la que se esbozó en palabras del presidente Humala el 28 de julio. Lo que empieza por ubicar las decenas de fosas comunes que aún pueblan, con el silencio del horror, diversos rincones del Perú.
Dejar atrás, pues, los “ojos bien cerrados” y abrirlos a la memoria, la verdad y la reconciliación. Hay elementos suficientes para recorrer nuestra historia y evitar la repetición de la tragedia. También para dar pasos serios hacia la inclusión con quienes, pobres del campo y de la ciudad, siguen sin saber sobre familiares que cayeron víctimas del horror. ¿Es mucho pedir?
