Por: Diego García-Sayán
Haciendo uso de mi derecho ciudadano hace pocos meses solicité a la Municipalidad de Barranco información sobre un proyecto de edificación que parecía irregular. Tuve que insistir, pero a las cuatro semanas se me entregó la información y comprobé que, en efecto, la “licencia de construcción” era ilegal. Hasta la fecha el proyecto está paralizado y espero que así continúe.
Cierto que es este un asunto menor frente a problemas mucho más graves. A lo que voy es que hoy en día el ciudadano puede solicitar información que antes era “confidencial” pues los funcionarios concernidos tienen responsabilidades administrativas y hasta penales si no la entregan. Se ha avanzado frente a una larga etapa en la que prevalecía la noción de un Estado por encima de la gente, manejado por burócratas todopoderosos. Uno de los grandes aportes de la transición democrática del 2000-2001 fue que colapsó esa noción del secretismo y el Perú entró, con fuerza, en la ola que promovía el derecho democrático del acceso a la información pública.
La cleptocracia autoritaria de los 90 puso en carne viva la sensibilidad de la sociedad. Que sufrió cómo el autoritarismo y la corrupción se cobijaban en el secreto y la reserva sobre asuntos de interés público. Dentro de las primeras medidas de Paniagua estuvo disponer, precisamente, el acceso a la información sobre la ejecución presupuestal así como a toda la documentación existente en manos del Estado, salvo alguna con fundada razón de seguridad nacional. Lo que aparecía como una concesión o dádiva no lo era. Se estaba poniendo una especie de “primera piedra” de lo que hoy es reconocido como un derecho.
El proceso democratizador en la región ha generado una mayor “demanda democrática”. Con mejor conocimiento de los propios derechos y más acceso al debate público: la gente espera ser escuchada. Las cosas, pues, tienen que organizarse en el Estado de manera diferente a la concepción tradicional en su relación con la ciudadanía. Por ello, la reforma del Estado debería elevarse a un plano que trascienda la limitada visión sobre su tamaño o funciones para lograr que la participación en los asuntos públicos sea el principio orientador.
Una de las concreciones más netas es que la información del Estado sea accesible para todos. Al ser un derecho ciudadano esto implica que el Estado no debe limitarse a “tolerar” las solicitudes de acceso a la información. Tiene que diseñar los mecanismos y procedimientos para asegurar que en plazos y términos adecuados –y con las responsabilidades del caso para los burócratas que arrastren los pies– garantice que la información se entregue. Guiándose solo por un principio: la regla, la publicidad; el secreto, la excepción.
Rompiendo la barrera del secretismo
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Diego García Sayán
Abogado. Actualmente es Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Director General de la Comisión Andina de Juristas. Asimismo es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya.
Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores del 2001 al 2002. Durante su gestión el Perú promovió, y América adoptó en Lima, la Carta Democrática Interamericana. Asimismo García-Sayán promovió un papel activo del Perú en la ratificación el 2001 del Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional.
También fue Ministro de Justicia en la transición democrática (2000-2001) durante la presidencia de Valentín Paniagua. Durante la transición democrática se impulso el proceso anticorrupción logrando el Perú recuperar en ese lapso más de 100 millones de dólares de los que se había apropiado la red de Fujimori y Montesinos. Se impulsó, asimismo, la reconstrucción de un sistema de justicia que había sido desarticulado y maniatado durante el fujimorato. También, impulsó un amplio proceso de consultas a la sociedad y a las organizaciones políticas que llevó a la creación de la Comisión de la Verdad en junio del 2001. Fue antes congresista de la República luego del fallecimiento de Gustavo Mohme Llona.
En el ámbito internacional ha desempeñado diversas funciones. Entre otras ha representado a las Naciones Unidas en las negociaciones de paz en Guatemala y El Salvador en los 90. También fue el representante del Secretario General de las Naciones Unidas en la verificación de los acuerdos de paz en El Salvador. También ha sido el jefe de la Misión Electoral de la OEA en Guatemala en el 2007.
También es profesor universitario y autor de numerosos libros y ensayos sobre relaciones internacionales, Derecho Internacional y Derecho Constitucional.