Conmueven los sucesos de Celendín. Las tres muertes, entre ellas la de un menor de 17 años. Tan joven que su nombre no puede ni publicarse. Luego, las decenas de heridos de gravedad. Los 20 detenidos que ya habrán sido llevados de la sierra a la costa, a Chiclayo, para que sean juzgados.
Conmueven, por supuesto, estos hechos. Pero lo tremendo es que un episodio de sangre como este ya era previsible hace semanas. Cada día que pasaba era un paso más hacia él. Si no pasaba en Celendín, este martes, pudo haber pasado en otro lugar, u otro día, antes o después.
Que esto haya pasado, a pesar de lo anunciado que estaba, es otra muestra más de que el marco institucional construido en torno a la explotación minera, no es adecuado. Conlleva un alto riesgo de conflictos, de polarización y de violencia.
En el caso específico de Conga, han fracasado todas las instituciones pensadas para resolver diferencias de manera pacífica. Pese al largo conflicto, el Congreso jamás le dedicó un pleno. Le cerró su agenda. El Poder Judicial y el Ministerio Público, incluso el Tribunal Constitucional, se sesgaron en demasía a favor de la mina.
Lo mismo pasó con el Premier, quien ha sido además un comunicador pobrísimo e impolítico en extremo. Al ministerio de Energía y Minas, son muy pocos los que creen en su imparcialidad en materia ambiental. El de Ambiente tiene ínfimos poderes de fiscalización.
Para resolver lo de Conga, el propio Ejecutivo optó por soluciones por fuera de la normalidad institucional. Una de ellas, el peritaje internacional al que sometió al estudio de impacto ambiental. Las otras han sido los Estados de Emergencia impuestos sobre Cajamarca.
Pero ninguna de ellas ha servido hasta ahora, ya sea por la fuerte resistencia al proyecto que hay en las provincias en las que tiene impactos, o porque Yanacocha no ha ayudado sino boicoteado los intentos del Presidente Humala para atenuar la tensión.
En una situación así, que combina una extrema polarización con una incompetencia tan evidente de las instituciones establecidas, la única solución que podría ser a la vez legítima, pacífica y definitiva es someter la decisión, sobre si Conga va o no, a un referéndum en las provincias afectadas.
Después de todo, lo que legitima a todas las instituciones y normas de la democracia es que ellas son una derivación directa o indirecta de la voluntad popular expresada en el sufragio. Si ellas no han podido resolver una cuestión como la de Conga, nada más fiel a la democracia que apelar a una votación ciudadana para que decida sobre ese proyecto.
Si el gobierno aceptara una salida de este tipo, es posible que se reencuentre con las simpatías populares que ha perdido en estas últimas semanas. Si optara, como solución, por el despliegue de soldados, policías y fusiles, es posible que termine imponiendo Conga, pero con el riesgo de una violencia aún mayor y de una irreversible ruptura de lazos con buena parte del pueblo peruano.
