Fue un acto terrorista. Eso fue la toma de rehenes en la residencia del embajador japonés por un grupo del MRTA en diciembre de 1996, arriesgando sus vidas durante cuatro meses.
Fue un acto además con sesgo suicida pues era improbable que obtuvieran sus demandas y objetivos, era alta la posibilidad de un desenlace violento, y varios del grupo eran muchachos y muchachas inexpertas.
Fue también un acto que iba a favorecer al gobierno de Fujimori. Los actos de terror suelen servir a los gobiernos autoritarios. Les facilitan el consentimiento popular para sus arbitrariedades.
La única posibilidad de una solución incruenta a la muy volátil situación, era que el grupo del MRTA aceptara su salida a Cuba sin poner más condiciones que el que los dejaran irse. Sus otras demandas eran inviables. Al menos tuvieron propaganda.
No tengo esta opinión recién ahora. La expresé en medio de los sucesos. Mientras, la derecha clamaba inflexibilidad absoluta, y no dejarlos salir. La izquierda se sumió en la quimera de una solución “pacífica”, o de la negociación eterna cuando la situación era explosiva.
Al final, Néstor Cerpa y su grupo acentuaron el sesgo suicida. Sabían que se cavaba un túnel, pero insistían en demandas inviables, prácticamente todo el grupo jugaba fulbito a la misma hora, todos los días, en el primer piso.
De manera que el primer arquitecto de su final fue el propio grupo emerretista. La gran mayoría de los oficiales y comandos que irrumpieron esa tarde solo cumplieron su deber. Fujimori se paseó entre cadáveres, disfrutó el desenlace.
Cinco años después, hacia 2002, una investigación policial y forense mostró que al menos uno de los emerretistas había sido ejecutado cuando ya estaba cautivo. Existen el atestado y la acusación fiscal respectiva.
Sin embargo, durante Fujimori, los exámenes forenses se hicieron de modo irregular, con ánimo puramente encubridor. Años más tarde, cuando ya hubo acusación fiscal, la Corte Suprema pasó el caso al fuero militar, que no halló culpable a nadie.
En el fuero común solo se abrió proceso a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, Roberto Huamán Ascurra y al coronel PNP Jesús Zamudio. Había indicios de que la ejecución la cometieron efectivos vinculados al SIN. Sin embargo, tuvo que haber encubrimiento o complicidad de otros mandos del Ejército, y eso no se ha investigado.
Hoy en día, por estas irregularidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado al Estado peruano por la indebida aplicación del fuero militar al caso y por la insuficiente investigación. Pero no es a los 140 comandos a quienes se quiere enjuiciar. La mejor manera de defenderlos es facilitando el debido juicio de quienes sí resultan altamente sospechosos.
Y la peor manera de afectarlos es hacer una tramposa defensa en bloque de todos los que intervinieron esa tarde, para esconder a los culpables detrás de los inocentes. El premier Valdés, penosamente, está cayendo en eso.
