A fines del año pasado, el gobierno logró contener la creciente protesta cajamarquina contra el proyecto minero Conga. Para ello tuvo que instalar un estado de emergencia y hacer entrar a los militares en escena.
Al tomar ese rumbo, la apuesta del gobierno fue que colocando a los militares como muro de contención frente a la protesta, esta no podría escalar más y se diluiría en actos cada vez menos trascendentes.
Con ese supuesto, el gobierno decidió después levantar el estado de emergencia y replegar a los soldados a sus cuarteles, aunque el mensaje que quedó es que podría apelar de nuevo a ellos ante circunstancias similares.
El primer efecto que tuvo ese modo de frenar la protesta fue la caída del centrista gabinete Lerner y su reemplazo por el gabinete Valdés, el cual mostró a un gobierno más corrido hacia la derecha y a la inversión minera, y más dado a los gestos de autoridad que al diálogo.
Pero frenar una protesta no es lo mismo que derrotarla y ahora sus líderes cajamarquinos han lanzado otra apuesta, la de proyectarla hacia un plano más amplio, lanzando la Marcha Nacional por el Agua, iniciada este miércoles.
Esta Marcha tiene un alto nivel de riesgo para sus convocantes. Implica dejar el principal espacio del conflicto, Cajamarca, y sacar a sus principales activistas hacia un nivel nacional que podría resultar demasiado grande o demasiado prematuro para ellos.
Las primeras informaciones muestran que a la Marcha, además de sus escalones cajamarquinos, se van uniendo otros desde provincias de La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Puno. A ellos se pueden sumar más desde Piura y Áncash y los que los esperan en Lima.
De hecho, aún no se puede decir cuánta será la acogida final que obtendrá la Marcha, pero desde el gobierno, desde las distintas oposiciones partidarias y desde los medios, cometerían un grave error si la subestiman o si deciden o toleran su represión.
La revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán, el asunto del renunciante vicepresidente Omar Chehade, las fisuras al interior del oficialismo, o la pretensión ahora abandonada del senderista Movadef de obtener su registro como partido, expresan importantes problemas de nuestra democracia.
Pero esos temas se desarrollan en el ámbito puramente partidario. En cambio lo de Conga y los conflictos suscitados en torno a las industrias extractivas, tienen orígenes, derivaciones y repercusiones económicas, políticas, sociales y ambientales. Por sus diversas ramificaciones, este tema, mucho más que otros, resulta ser la más importante prueba de calidad para nuestra democracia.
Si este régimen político, en sus distintas instancias y actores, o los medios de prensa, se cierran ante las demandas expresadas en la Marcha por el Agua, entonces le estarán dando argumentos a quienes sostienen que esta democracia tiene mucho de farsesca. Por tanto, habrá más rebeldía juvenil enrolándose en el MOVADEF o en algo parecido.
