Por la magnitud de la oposición cajamarquina al proyecto Conga, el despliegue policial viene siendo de tal dimensión que existe un alto riesgo de que puedan desatarse episodios de violencia descontrolada.
Una derivación de ese tipo afectaría altamente la imagen del gobierno. De hecho, la manera como la prensa extranjera está cubriendo el conflicto no es muy grata. Hace poco el diario inglés The Guardian señaló que “está continuando la agresiva política de su predecesor” contra los pueblos indígenas. Es obvio que ser un continuador de Alan García, en esta materia, no es un elogio.
La misma imagen de las empresas socias del proyecto también se vería afectada. Por ello, la propia Newmont habría expresado inquietud respecto a su involucramiento con un proyecto en cuyo inicio hay un Estado de Emergencia y mucha policía.
Lo que pasa es que los bancos financistas de empresas mineras transnacionales exigen que sus proyectos cumplan, por lo menos en cierto grado, con la llamada licencia social para que parezcan viables. Y lo que está ocurriendo en Cajamarca es todo lo contrario a licencia social.
Ha habido, en el pasado reciente, otros proyectos que provocaron un alto rechazo social y que, por esa razón, para evitar desenlaces fuera de control tuvieron que ser suspendidos. Tambogrande, Río Quilish, Majaz, Tía María, entre otros.
No se suspendieron solo porque hubiera rechazo social, sino porque en el curso de la controversia se demostró que los famosos estudios de impacto ambiental estuvieron mal hechos y que las empresas manejaban muy mal sus relaciones con las comunidades, razones que justamente abonaban al descontento de la gente.
En el caso de Conga, hay reportajes bastantes convincentes que muestran que el consorcio interesado ha sido muy poco transparente en sus comunicaciones con las comunidades.
Pero no solo eso, el propio peritaje internacional contratado por el gobierno planteó modificaciones ambientales tan importantes al proyecto que es, en sí mismo, una evidencia de que en este caso el estudio de impacto ambiental también estuvo mal hecho.
Además, mientras en los otros casos de suspensión de proyectos mineros se trató de resistencias populares más o menos localizadas, en el caso de Conga el rechazo abarca por lo menos varias provincias de Cajamarca y varias expresiones de solidaridad en diversos puntos del país.
De manera que persistir en que se ejecute el proyecto Conga, aparte de arriesgar una agudización del conflicto, o una imagen poco grata en la prensa internacional, también puede hacer caer la aprobación pública del gobierno, especialmente en las regiones. Por algo, la candidata 2016, Keiko Fujimori, tiene interés en que continúen Conga y el Premier Valdez.
El pragmatismo –llamémoslo así– de Ollanta Humala le deparó varios logros políticos durante su trayectoria, al saber reconocer qué cosa, en ciertas circunstancias, podía funcionar bien para él. Conga, hasta la fecha, sólo lo desgasta.
