Desde el 2001, ya van tres gobiernos seguidos puestos en jaque por conflictos en torno a explotaciones mineras o petroleras. Tres gobiernos con distinto estilo y con distintos equipos.
Esto sugiere que el problema de fondo no está tanto en los cambiantes ministros a cargo, sin que ello disminuya para nada su responsabilidad, sino en el marco institucional que regula y decide sobre la actividad extractiva.
Los funcionarios de ahora, como otros antes, podrían hallar alguna fórmula para enfriar los conflictos de manera temporal. Suspender uno o dos proyectos mineros, pero no descartarlos del todo, serviría para apaciguar a las comunidades y los empresarios.
Pero, sin reformas institucionales, lo que se lograría es solo diferir y acumular los conflictos para más adelante. Y claro, agravar las desigualdades y asimetrías que se ofreció encarar.
Una reforma importante sería la creación de una autoridad autónoma, independiente del Ejecutivo, con presencia en las regiones, encargada de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, supervisar los monitoreos ambientales y aplicar las sanciones del caso.
Al ser autónoma y descentralizada, esta autoridad superará la bajísima credibilidad que suelen tener los Estudios de Impacto Ambiental pues, se sabe, estos son aprobados por los mismos ministerios que deben alentar la inversión, en claro conflicto de intereses.
Otra reforma que se ha quedado a mitad de camino es la consulta previa a los pueblos indígenas. Esta consulta, para ser creíble, tendría que tener algún efecto vinculante. O, en todo caso, ser concebida para construir consensos y no mantener las decisiones separadas del diálogo.
Por otro lado, es notorio cómo frente al agravamiento reciente de estos conflictos ni el Congreso ni los congresistas hacen mayor cosa por colocar el tema en sus agendas.
Aquí vuelve a cobrar actualidad la necesidad de cambiar la manera de elegir congresistas. Elegirlos a nivel regional es exponer a provincias como Celendín, Andahuaylas o Huari a quedarse sin representantes que lleven sus temas a la agenda parlamentaria.
Si se los elige a nivel provincial, por períodos de máximo tres años, eso daría mayor conexión con el pueblo al primer foro del país, que ahora vuelve a mostrarse desvinculado de sus electores.
