Mientras en Cajamarca los activistas y dirigentes sociales siguen preparando su anunciada huelga general para el 31 de mayo, en contra del proyecto Conga, en Lima ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni la mayor parte de la prensa, ni las encuestas, le dan al tema un lugar importante en sus agendas.
Es notable este aparente menosprecio hacia una protesta que se ha venido anunciando hace tiempo, con viajes de sus dirigentes a pedir apoyo en otros puntos del país y en todas las provincias cajamarquinas. Es como si las autoridades centrales del Estado estuvieran convencidas de que en Cajamarca no pasa nada.
¿Pero es verdad que se trata de menosprecio? Nada de eso. Los adversarios de la protesta cajamarquina recuerdan perfectamente que hace pocos meses pudo ser contenida sólo con el Ejército. Saben bien que eso ocurre cuando la amplitud del apoyo social a una demanda ha rebasado a la autoridad civil y a la policía.
Lo que ocurre es que dichos adversarios están confiando por ahora en que funcione el cerco político, comunicacional y hasta judicial que se ha tendido para ahogar la protesta.
En lo que corresponde al Ejecutivo, su parte del cerco fue contratar el llamado peritaje, para que a la vez avale y haga recomendaciones que hagan aceptable un Estudio de Impacto Ambiental muy discutible.
En cuanto al Congreso, su papel ha sido el que ya hace durante años: no poner en agenda los proyectos que permitan prever y resolver mejor los conflictos como el de Conga. Por ejemplo, los de ordenamiento territorial o los que perfeccionen el marco institucional ambiental.
En lo que hace el sistema judicial, su rol también viene de atrás. Procesa con presteza a numerosos dirigentes sociales, convirtiendo en crimen a las manifestaciones de protesta. En cambio arrastra los pies cuando se trata de procesar a los que resultaren responsables de hacer uso indebido de sus armas.
Por si fuera poco, desde el Ministerio Público se denuncia a las autoridades municipales y regionales por atreverse a dar normas que regulan el uso de sus territorios para proteger mejor sus recursos. Y esto lo acoge el Tribunal Constitucional, sumándose entusiasta al cerco contra la protesta cajamarquina.
A esto se suma el cerco de desinformación de la mayor parte de la prensa capitalina. Esto consiste no sólo en lo exiguo del tiempo que se dedica al tema, sino también en la distorsión del debate o la descarada parcialización de los entrevistadores a favor del proyecto Conga cuando este es tratado. En una ocasión, en RPP, eran cinco entrevistadores en contra de Gregorio Santos.
Tiendo a creer que es la excesiva confianza en todo este cerco lo que explica la parsimonia que se nota respecto al nuevo episodio de protesta que arrancaría este 31 de mayo.
