Antes de entrar en materia, una breve aclaración sobre la petición presentada ante la Comisión Interamericana de DDHH por denegación de justicia en el caso Madre Mía. Esta petición se presentó en junio del 2010, a continuación del fallo de la Corte Suprema, en cumplimiento del procedimiento regular que sigue la Coordinadora Nacional de DDHH, que la obliga a agotar todos los recursos legales a disposición de las víctimas. El proceso electoral vino después. Ciertas interpretaciones conspirativas de estos días son especulaciones sin base de gente habitualmente desinformada o desinformadora.
Vamos ahora al caso Accomarca. Es duro decirlo, pero no hay modo de callar: este caso es representativo de lo que desgraciadamente fue un modo sistemático de acción del Estado y las FFAA en determinadas épocas de la lucha contra Sendero Luminoso: un método violatorio de los derechos humanos, donde no importa que muchos inocentes paguen por un solo culpable, donde los derechos elementales carecen de valor. La barbarie terrorista de Sendero fue replicada con barbarie, por eso se tardó tanto en vencerlo. En Accomarca, 69 campesinos fueron asesinados por una patrulla del Ejército: 27 eran niños y el resto mujeres y ancianos.
El hecho sucedió en 1985. Entonces, el Ejército señaló como único responsable al subteniente Telmo Hurtado, quien fue procesado en la justicia militar. La inefable sentencia de este fuero le impuso una sentencia simbólica por abuso de autoridad, no por asesinato masivo. Luego fue favorecido por la espuria ley de amnistía de Fujimori y continuó discretamente su carrera, llegando al grado de mayor. Descubierto, fugó a Estados Unidos, donde se logró su extradición hace un año. Por fin, el caso está ahora ante un tribunal civil, después de casi treinta años de impunidad, esa impunidad para la cual algunos plantean salir de la CIDH.
Esta semana, el mayor Telmo Hurtado confesó su crimen ante el tribunal y dio detalles sobre los hechos, asumiendo responsabilidad personal por la muerte de 31 campesinos y señalando la responsabilidad del comando militar bajo el cual actuaba por la muerte de los restantes y por las órdenes recibidas, que claramente indicaban que los pobladores “eran todos terroristas” y “no debía tomar prisioneros”. La responsabilidad llega al jefe político militar de Ayacucho, general Wilfredo Mori Orzo, quien le habría ordenado “limpiar la zona y acabar con los vestigios”, es decir, eliminar sobrevivientes y testigos del crimen.
Hurtado también ha señalado que en Accomarca actuó según el procedimiento normal establecido y que presenció torturas y ejecuciones extrajudiciales de detenidos en el cuartel Los Cabitos, sede de la jefatura político- militar. Afirma que entonces se le ordenó asumir él solo la responsabilidad por el crimen de Accomarca “para proteger a la línea de mando”, pero ahora reclama que cada quien asuma su responsabilidad. En esto, tiene razón. No era creíble que tan espantosa masacre hubiese sido cometida solo por cuenta y riesgo de un oficial bisoño con un solo galón en la hombrera.
