Por: Ronald Gamarra
La terrible desgracia que ha devastado Haití, con millones de víctimas en diverso grado, más de cien mil muertos y el desplome de la institucionalidad estatal, es un caso extremo en el cual confluyen, junto al azar, hechos de la naturaleza y circunstancias de algún modo previsibles, responsabilidades humanas insuficientemente asumidas o culpablemente olvidadas.
Los terremotos son hechos de la naturaleza cuya fecha está librada al azar, pero sabemos que, tarde o temprano, se producirán. La experiencia humana ha llegado hace tiempo al punto de determinar con precisión las zonas sísmicas. En consecuencia, deberíamos estar preparados para prevenir la amenaza y conjurarla una vez ocurrida, pero no ocurre así. Es ahora el caso de Haití, pero fue y es también, entre nosotros, el caso de Pisco desde hace dos años. El olvido sistemático de las políticas preventivas a todo nivel contribuye decisivamente a convertir los fenómenos de la naturaleza en desbordadas tragedias humanas que se repiten.
Sucede lo mismo con respecto a otras eventualidades de riesgo que se dejan pasar con lenidad culpable, y se repiten y repiten produciendo sin cesar víctimas que podrían y deberían evitarse. Es el caso cotidiano de las muertes que se producen por miles en las pistas y carreteras peruanas y que se incrementan año tras año, sin que haya autoridad que asuma responsabilidad para liderar una solución efectiva y aún menos para responder por lo que ocurre.
En todo esto se resiente la falta de una comunidad empoderada, consciente de sus derechos y dispuesta a exigir de sus autoridades actuar con responsabilidad y auténtico liderazgo. Estas cosas ocurren sencillamente porque no hay comunidad democrática que ejerza adecuado control sobre gobernantes y autoridades en defensa de los derechos y la vida de las personas.
Por eso admiro, y no me canso de decirlo, a los familiares de las víctimas de Utopía. Porque ellos, a diferencia de la mayoría, no se dejan aplastar por la desgracia y tampoco se rinden ante la indiferencia de las autoridades. Ellos han decidido exigir el respeto a la vida que se arrebató a sus hijos por la negligencia culpable de unos comerciantes sin ética, apañados por autoridades inertes que prefieren mirar a otro lado. Que se les haga justicia es lo mínimo que merecen por no rendirse ante la adversidad ni la indiferencia.
