En las últimas semanas, el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Maranga, donde cumplen medida socioeducativa de internación los adolescentes que han violado la ley penal, se vio sacudido por hechos de violencia de una magnitud que no se observaba desde hace muchos años. Una serie de enfrentamientos entre grupos de adolescentes de Lima y del Callao, que no pudo ser neutralizada a tiempo y adecuadamente, condujo a un desorden generalizado que debió ser controlado por las autoridades con el auxilio de la Policía. Los sucesos tuvieron eco en los medios de prensa, que recordaron de inmediato el historial de la antigua “Maranguita”.
Según los comunicados difundidos, las medidas inmediatas de control incluyeron la separación de 25 adolescentes considerados como “líderes de los sucesos”, quienes fueron trasladados a otros ambientes del mismo centro; así mismo, la incautación de material usado para agredir. Igualmente se formó una comisión para investigar los sucesos y formular recomendaciones en el plazo más breve. En los comunicados se afirma que no hubo daños personales.
En los días siguientes se decidió declarar el centro en reorganización. Esto incluyó el nombramiento de un nuevo director, el capitán de navío en situación de retiro Juan Roberto Bertarelli Rodríguez. Un comunicado oficial resalta que el nuevo director “antes estuvo a cargo de la Policía Naval encargada de la custodia de penales para oficiales y subalternos de la Marina de Guerra, y de la Base Naval del Callao”. El comunicado añade que “se ha reiterado el pedido a la Policía Nacional para que se restituya el destacamento policial que antes custodiaba dicho Centro Juvenil”.
Lo que ha pasado en el centro de rehabilitación juvenil de Maranga se veía venir desde que se incrementó el ritmo de ingreso de adolescentes como consecuencia de la presión social por mayores sanciones. Lo mismo sucederá en el sistema penitenciario de adultos, si no se toman medidas urgentes de ampliación de infraestructura y recursos. Pero en el caso del centro juvenil de Maranga, los sucesos reseñados ratifican una vez más el fracaso de un sistema tradicional de tratamiento, heredado de muchas décadas de práctica e inercia burocrática, que no rehabilita ni educa al adolescente infractor.
El tratamiento del adolescente infractor requiere un nuevo enfoque de carácter esencialmente educativo y comunitario, con aplicación de más medidas socioeducativas cumplidas en libertad bajo la vigilancia de la comunidad, dejando el encierro solo para los casos más graves. Es la única forma de romper el camino que lleva de Maranguita a Lurigancho. ¿No es acaso esta crisis el momento para avanzar en esa dirección? El Poder Judicial tiene la palabra.
