Ante los problemas que afronta la sociedad, pocas veces los políticos presentan alternativas realistas y bien fundamentadas, basadas en la experiencia y en una visión de futuro. Por lo general, apelan al recurso barato e improductivo de la demagogia, proponiendo “soluciones” que sólo buscan impresionar al auditorio y explotar sus emociones para obtener réditos políticos fáciles e inmediatos.
Es lo que sucede con la mil veces reiterada propuesta de ley para rebajar la edad mínima de la responsabilidad de los adolescentes ante la justicia penal de 18 a 16 años de edad. La propuesta se presenta aprovechando el vendaval noticioso desatado por el caso del joven apodado Gringasho, acusado de matar por dinero.
Los autores de la propuesta pretenden cosechar popularidad y aplauso barato. No han investigado nada, no han estudiado la situación de la justicia juvenil ni de los centros de reeducación juvenil, no conocen los principios ni la estructura normativa del país, no han investigado nada en seguridad ciudadana. Todo eso les tiene sin cuidado: el papel aguanta todo. Y, luego, es muy fácil vituperar a los caviares porque se oponen al mamarracho.
La propuesta es legalmente inviable, políticamente inconveniente y técnicamente absurda. Legalmente es inviable porque, para convertirla en ley, habría que desconocer principios esenciales de nuestra legislación como estado democrático y traerse abajo, entre otras normas, la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo marco el Perú ha decidido soberanamente construir su política para la niñez y la adolescencia.
Políticamente se trata de un despropósito, pues pone en debate un tema a sabiendas de su carácter inviable. Sucede lo mismo que con la clásica propuesta de restablecer la pena de muerte, que se formula ociosamente cada vez que arrecia el delito a sabiendas de que en el Perú, por mandato constitucional y tratados internacionales suscritos, no existe pena de muerte (salvo traición a la patria en caso de guerra) y que esto es legalmente irrevocable.
Pero sobre todo es un mamarracho desde el punto de vista técnico. Los autores de la propuesta de ley no pueden ignorar que el sistema penitenciario está en colapso general, entre muchas otras razones, por sobrepoblación. El número de internos ya crece ahora exponencialmente con las leyes existentes para adultos. ¿Adónde irían los nuevos presos adolescentes cosechados por la ley que proponen?
¿Acaso quieren acelerar e intensificar el proceso de integración de los adolescentes a la delincuencia adulta enviándolos indiscriminadamente a esas escuelas de degradación y delito que son las cárceles peruanas? La preocupante conducta antisocial de los adolescentes exige un enfoque serio y viable, en el marco de la ley y con el debido sustento técnico. Evidentemente, no es el caso de este demagógico proyecto de ley.
