En una entrevista publicada esta semana, el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, se despachó contra los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), negando credibilidad e imparcialidad a la CIDH, acusando a su secretario ejecutivo de manipulación y presentándolos casi como una fuente de conspiración contra nuestro país. También atacó a la CVR, reprochándole falta de ponderación y prudencia, así como de favorecer la imagen de Sendero Luminoso. Finalmente, deslizó contra el movimiento de derechos humanos una acusación grosera de actuar por lucro.
Sorprenden estas declaraciones por varias razones. En primer lugar, recién nos enteramos todos de que el señor ministro pensaba así. Hubiera sido bueno que lo dijera antes. Uno debe decir sus opiniones claramente y a tiempo, y no pasar ni permitir que lo tomen por lo que no es. En segundo lugar, significa que, en sus relaciones con el SIDH, el gobierno asume cada vez más el discurso fujimorista, lo que revela penuria de raciocinio y discurso propio. En tercer lugar, pareciera que en el MINJUS no saben qué hacer ante los casos y las presiones que enfrentan, lo que explicaría el fácil exabrupto demagógico.
El SIDH es tal vez la mayor conquista de la ciudadanía y la civilidad en nuestro hemisferio para la protección de sus derechos. Es resultado directo del desarrollo de la democracia y la derrota de las dictaduras en nuestro continente. Gracias a él, la protección de derechos ha alcanzado un nuevo nivel que mejora la vida en nuestras sociedades. Los Estados democráticos colaboran con él, por eso sus decisiones se incorporan como derecho interno por disposición constitucional. No es un adversario a enfrentar sino una entidad de cooperación con la democracia.
En el caso del Perú, la cooperación del SIDH ha sido crucial. ¿Acaso pretendemos ignorar ahora que entre 1982 y el 2000, en nuestro país se produjeron miles de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y casos de tortura? Sendero Luminoso fue el principal culpable e iniciador de la barbarie, pero también fueron numerosos y graves los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policiales o gobernantes como Fujimori y su cómplice Montesinos. Vivimos en esa época una situación en la que no era posible encontrar justicia para la mayoría de esos casos en nuestro país.
Sin el apoyo del SIDH el Perú no habría salido de la dictadura corrupta de los 90. Pero la democracia de hoy no puede hacer borrón y cuenta nueva con los crímenes del pasado. Debe hacer justicia. Y en eso este gobierno, siguiendo la huella de Alan García, empieza a mostrar una desmoralizadora vocación de impunidad. El SIDH sólo cumple con su obligación legal y moral al requerir a nuestro Estado que haga justicia, y son muy pocos los casos en que éste ha cumplido. Mientras esta deuda de justicia no sea afrontada y reconocida, los gobernantes no tienen autoridad moral para cuestionar al SIDH.
