Palestina, hora cero

Por Ronald Gamarra

La próxima semana se planteará en la Asamblea General de la ONU el reconocimiento de Palestina como Estado. Este reconocimiento es una deuda que la comunidad mundial tiene con este pueblo desde 1948, cuando se dispuso la partición de su territorio en dos Estados, uno judío y otro árabe. Entonces se proclamó el Estado de Israel, pero no el Estado del pueblo palestino, que fue expulsado de gran parte de sus ciudades y aldeas. Cientos de miles de palestinos llenan desde entonces enormes campos de refugiados. En 1967, el territorio restante, incluyendo Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, fue ocupado militarmente por Israel, situación que se mantiene hasta hoy.

El pueblo palestino sufre la ocupación militar más prolongada que se haya ejercido sobre una población civil durante el último siglo. Bajo las condiciones de esta ocupación, los palestinos carecen de ciudadanía. Viven en un limbo jurídico, condenados a la precariedad, la arbitrariedad y la pobreza; sufriendo estrictos y humillantes controles militares en ciudades y carreteras, que dificultan escandalosamente su vida cotidiana; sometidos a un sistema de segregación que evoca el apartheid. Y se pretende perpetuar la ocupación estableciendo sistemáticamente colonias israelíes en los territorios ocupados para hacer inviable un Estado palestino.

Esto es un escándalo que no puede continuar y corresponde a la ONU hacer todo lo posible para remediarlo. La proclamación del Estado palestino reconocerá los esfuerzos hechos por la Autoridad Nacional Palestina –precario autogobierno tolerado por Israel desde los acuerdos de Oslo– por desarrollar las instituciones de un estado de derecho. El reconocimiento de Palestina como Estado dará esperanza a un pueblo que ha sufrido décadas de violencia y pondrá atajo al extremismo y al terrorismo, que prosperan al estímulo de la ocupación militar. Será así mismo una gran contribución a un proceso de paz estancado, donde una parte extremadamente débil se ve obligada a negociar con una contraparte que, además de su formidable poderío, tiene el apoyo incondicional de la potencia más poderosa del mundo.

Israel debería ser el primer interesado en reconocer a Palestina como Estado, pero ello supone aceptar la coexistencia de dos Estados y renunciar a la colonización. El pueblo judío, que tantas contribuciones ha hecho y hace a la civilización, que tan injusta y cruelmente fue segregado y perseguido a lo largo de la historia, que sufrió en el último siglo la brutalidad infinita del Holocausto, debe comprender que su mejor alternativa es convivir con un Estado palestino viable y próspero. Lo contrario significa alentar indefinidamente la violencia y la segregación con consecuencias imprevisibles, causando un daño irreversible a la propia democracia y la sociedad de Israel.

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Ronald Gamarra Ronald Gamarra

Ronald Álex Gamarra Herrera (Lima, 1958) Estudió la carrera de Derecho y curso la maestría de Derechos con mención en Ciencias Penales y Militar Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Desempeñó, además, estudios de Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos en el Centro para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de Washington D.C, institución perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo perteneciente al sistema interamericano de derechos humanos con sede en Santiago de Chile.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo fue Procurador Adjunto Ad-hoc de la República del Perú. Dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de los años noventa, perpetradas por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermoza Ríos.
En el periodo 2008-2010 desempeñó la labor de Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el 2011 conformó el Equipo de Gobierno de Alejandro Toledo a la Presidencia de la República.
Actualmente, es catedrático de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Director del Equipo de Incidencia en Derechos de IPRODES.