¿Qué hacer ante la situación de numerosos niños usados por Sendero Luminoso en su reducto del Vrae? Evidentemente, la alternativa no puede ser la que se aplicó en Accomarca, donde en 1985 el subteniente Telmo Hurtado mató a decenas de niños por considerar que eran peligrosos, según sus propias palabras, “desde los dos años de edad”. Queden allá con sus conciencias quienes defienden a violadores de derechos humanos como ese, considerándolos como “víctimas de una persecución legal”.
Para abordar el caso de los niños utilizados por el terrorismo, hay que conocer el marco legal y fortalecerlo. Hay que dar a conocer al máximo este marco normativo del estado democrático, que es esencialmente de protección del niño. Esto también exige adecuar la legislación interna al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de modo que quienes atenten contra niños o los usen con fines bélicos sean extraditados y sancionados por delito de lesa humanidad en cualquier parte del mundo.
El ser rescatados es un derecho de estos niños y al mismo tiempo un deber del Estado largamente postergado. Al realizarlo, se debe preservar la seguridad, la vida, la integridad y la identidad de los niños; garantizarles un trato digno, teniendo especial cuidado en evitar la revictimización; asegurar la participación inmediata de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público; cautelar que las imágenes de los niños no sean difundidas y el traslado inmediato de los menores a un entorno favorable a su recuperación.
En el proceso de recuperación, se debe asegurar y contar con espacios de acogida a cargo de personal especializado, aplicando las medidas de protección adecuadas a sus necesidades. En ningún caso cabe aplicar medidas de sanción a niños y menos la internación. En cambio, deben diseñarse estrategias de reintegración y recuperación social que incluyan un abordaje familiar, comunitario y educativo; atención socio emocional y reinserción escolar y protección frente al estigma y la discriminación.
Es imprescindible trabajar en la prevención del secuestro, la trata y el reclutamiento forzoso de niños, garantizando la acción intersectorial y recursos suficientes. Es urgente realizar un mapeo de zonas de mayor riesgo y grupos vulnerables, así como de la presencia del Estado y actores sociales como las iglesias y la sociedad civil para identificar servicios y recursos, focalizando cuanto antes los programas de protección en esas zonas y grupos. Es urgente fortalecer el registro de nacimiento y documentación de todos los niños.
Al escribir esta nota guardo un recuerdo especial de Jorge Santistevan de Noriega, nuestro primer Defensor del Pueblo. Hombre decente y demócrata cabal, supo construir una Defensoría prestigiosa y jugarse por el país cuando el fujimontesinismo destruía la institucionalidad democrática No lo olvidaremos.
