Reparación burlada

Por Ronald Gamarra

Entre los numerosos hechos consumados que el gobierno de Alan García pretende asegurar antes de cesar en el poder, hay uno especialmente grave que viola y hace irrisorio el derecho de las víctimas a recibir una reparación por el daño sufrido durante el período de violencia que comenzó en 1980.

El 15 de junio, el gobierno puso en vigencia, sorpresivamente, el Decreto Supremo 051-2011-PCM, que regula desfavorablemente a las víctimas varios aspectos del proceso de reparaciones, entre los cuales resaltan dos: a) el cierre del proceso de identificación de personas con derecho a una reparación y la clausura del registro correspondiente, a efectuarse indefectiblemente 31 de diciembre de 2011; b) el monto irrisorio de la reparación contemplada, equivalente a 10 mil nuevos soles.

La norma se ha emitido violando el mecanismo de consulta establecido en el proceso de reparaciones. Es así mismo una norma elaborada en reserva con la pretensión de sorprender incautos en las últimas semanas del régimen aprista. Alan García pretende crear un nuevo hecho consumado, estableciendo un monto de reparación que es una burla a las víctimas y al daño sufrido por ellas, al asignarles 10 mil soles como monto máximo y único por daños que incluyen mutilaciones o pérdida de la vida.

La norma revela adicionalmente su carácter arbitrario al establecer tal monto indemnizatorio, cuando el mismo gobierno en otros casos, como los integrantes de los comités de autodefensa, ha asignado montos superiores, que triplican lo previsto en este decreto supremo. Las víctimas de la violencia ya están expresando su rechazo a esta norma a través de sus diversas organizaciones y solicitan su derogación, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, a través de su titular en funciones, también ha cuestionado formalmente esta norma.

Sabemos que, como en otros hechos que se pretenden consumados, el gobierno no tiene la menor intención de oír ni corregir. No nos sorprenda ver un día de estos a un orondo Alan García repartir cheques en alguna ceremonia pomposa en alguna comunidad andina. No podemos impedirle la peliculina, pero hay que hacer lo necesario para corregir este postrer estropicio suyo en contra de las víctimas.

Hay 1 Comentario
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30 de septiembre de 2011 | 05 hrs
escribe:

De un delincuente con la ley en la mano no se puede esperar nada bueno,pasa que bajo la ignorancia cualquier renacuajo es presidente en casi toda america latina,ese señor fue presidente con un partido al cual traiciono sus bases ideologicas,es un tremendo camaleon,en el PERU ser un buen fanfarron es sinonimo de sapiencia intelectual y de ser la maxima expresion habida y por haber,por eso nos joden a los latinoamericanos,principalmente a los peruanos.Garcia perez la quizo pegar de revolucionario,se ponia fosforin en sus peroratas y con ello engatuzaba a las masas,segun el se cree un gran politico,para mi personalmente es un gran FANFARRON Y DESPRECIABLE MANIPULADOR DEL PUEBLO.Presidentuchos son cualquiera en america latina,QUEREMOS GRANDES ESTRATEGAS POLITICO-MILITARES QUE PONGA AL PUEBLO EN SU JUSTO SITIAL QUE LE CORRESPONDE,solo tenemos manipuladores salidos de universidades oficiales,las universidades producen politiqueros como una fabrica produce clavos y tornillos,pero no produce GRANDES LIDERES EH....OJO.,HAGO USO DE MI LIBERTAD DE EXPRESION,fue presidente,ahora es uno mas,salvo el dinero del pueblo que lo esta lucrando.

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Ronald Gamarra Ronald Gamarra

Ronald Álex Gamarra Herrera (Lima, 1958) Estudió la carrera de Derecho y curso la maestría de Derechos con mención en Ciencias Penales y Militar Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Desempeñó, además, estudios de Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos en el Centro para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de Washington D.C, institución perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo perteneciente al sistema interamericano de derechos humanos con sede en Santiago de Chile.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo fue Procurador Adjunto Ad-hoc de la República del Perú. Dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de los años noventa, perpetradas por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermoza Ríos.
En el periodo 2008-2010 desempeñó la labor de Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el 2011 conformó el Equipo de Gobierno de Alejandro Toledo a la Presidencia de la República.
Actualmente, es catedrático de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Director del Equipo de Incidencia en Derechos de IPRODES.