Por Ronald Gamarra
Ante la inseguridad ciudadana, el problema de las pandillas juveniles y las carencias no atendidas de adolescentes y jóvenes, los fujimoristas han planteado insistentemente en esta campaña electoral restablecer el servicio militar obligatorio. Sin alternativas serias, quieren aparecer “drásticos” ante el electorado con propuestas como ésta (la pena de muerte es otra muestra), sin importarles atropellar normas y derechos.
Las FFAA no son una institución pedagógica; tampoco una correccional ni mucho menos una cárcel donde deba depositarse a gente en problemas con la ley. La formación de los jóvenes, su eventual reeducación y resocialización, no tienen nada que ver con el SMO; se trata de asuntos totalmente distintos. Una cosa es formar jóvenes y resocializarlos cuando han infringido la ley y otra, muy distinta, atender las necesidades de la defensa nacional. Lo primero requiere un enfoque educativo-pedagógico; lo segundo, una determinada preparación técnico-profesional.
El problema del pandillaje juvenil es esencialmente un problema de marginalización por falta de espacios y oportunidades para el desarrollo personal. Hay que tomar conciencia de la necesidad de invertir en los jóvenes y adolescentes, creándoles espacios y abriéndoles oportunidades. Los municipios, por ejemplo, deberían invertir no solo en “obras”, sino sobre todo en los jóvenes de su localidad, pero no lo hacen.
La conducta irregular de jóvenes y adolescentes es un problema de la sociedad, que debe ser afrontado y resuelto por ella y dentro de ella. El quid del problema consiste en encaminar a jóvenes marginalizados, que desarrollan un potencial de violencia, para hacer de ellos personas socialmente integradas con responsabilidades y derechos. Está demostrado que la conducta irregular de los adolescentes se afronta mejor con medidas educativas y sanciones que no incluyan la privación de libertad, la cual debe reservarse para casos especialmente graves, poco numerosos como prueban las estadísticas.
La PNP, el MP y el PJ están comenzando, aún con timidez, a explorar estas alternativas. El Ministerio Público tiene un programa piloto de justicia juvenil que aplica medidas educativas y sanciones como el trabajo comunitario. Este es el camino a seguir. Regiones y municipios deben jugar un rol fundamental, promoviendo redes de apoyo a la socialización efectiva de los jóvenes, en lugar de aislarlos demagógicamente en un cuartel para olvidarse de ellos.
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