La tragedia de hace una semana en la denominada comunidad terapéutica Cristo es Amor, en San Juan de Lurigancho, donde 28 personas perdieron la vida, asfixiadas, en un incendio del cual no pudieron escapar por estar encerradas bajo llave y candado, era una desgracia anunciada. Se repite así, una y otra vez, la muerte masiva de seres humanos por culpa de la temeridad inexcusable e impune de algunos aventureros sin escrúpulos y la absoluta incapacidad de las autoridades para controlar el cumplimiento de mínimas e indispensables precauciones de seguridad.
Ahora es más evidente que nunca que casos como los de Utopía y Mesa Redonda, o la cuenta inagotable de accidentes de carretera, no son casos excepcionales sino eslabones de una cadena que no se ha de detener mientras no se rompa la regla ominosa que rige en nuestro país, que es la inseguridad en que estamos condenados a vivir. Ni el Estado ni la sociedad son capaces de garantizar otra cosa, y somos tan conscientes de ello que, a la hora de despedirnos, con frecuencia nos decimos unos a otros: “Cuídate”. Nadie sabe lo que le espera a la vuelta de la siguiente esquina en Lima o cualquier otro lugar del Perú.
Lo ocurrido en San Juan de Lurigancho era un cóctel con todos los ingredientes para hacer explosión en cualquier momento. Un centro absolutamente informal instalado en un inmueble estrecho, construido para vivienda, donde se improvisa sin ningún respaldo profesional la atención a personas con problemas de adicción a drogas, y donde el principio terapéutico parece ser simplemente la oración y el encierro. Setenta personas enfermas, apelotonadas tras rejas y barrotes, encerradas con candado. ¿Acaso tenemos derecho a sorprendernos por lo ocurrido?
Indigna la actitud del alcalde de San Juan de Lurigancho al pretender escamotear la responsabilidad que le corresponde por no clausurar este local que no era desconocido para la comuna. Indigna la actitud del ministro de Salud que pretende ignorar la proliferación de la informalidad en la atención a personas con problemas de adicción a drogas. Indigna esta política estatal antidrogas que no contempla la rehabilitación del adicto. Indignan los sucesivos gobiernos y Congresos incapaces de hacer respetar las medidas más elementales de seguridad y defensa civil.
Dejo para el final una observación incómoda, que me inquieta profundamente. Y es que me parece percibir que la consternación que esta tragedia ha levantado no es tan profunda ni muy general como debería ser. ¿Tanto nos hemos insensibilizado? ¿Será porque las víctimas eran adictos? ¿Será que en el subconsciente de algunos, estas muertes de personas adictas no son, después de todo, tan lamentables? Me gustaría fervorosamente estar equivocado. Pero no me engaño. La consecuencia más perniciosa de la violencia de las últimas décadas es esta indiferencia, esta impasibilidad, que nos blinda contra la piedad.
