Un mensaje que deja las ventanas abiertas

Por Ronald Gamarra

Más allá de lo que dijo, no dijo y lo que mencionó a medias, quiero quedarme, para empezar, con algo central del mensaje del nuevo presidente: no ha sido intolerante, no hubo sabor de revancha, no ha impuesto nada y, por el contrario, ha dejado abiertas todas las ventanas para las propuestas y para el diálogo. No es el presidente ladino que sólo estaba esperando llegar a 28 de julio para quitarse la careta y mostrarnos al estatista, al chavista, al extremista.   

Menciones a los grupos económicos, tranquilizantes pero también significativas. Siendo un mensaje con altas y bajas, se ha notado un ánimo concertador. Así debe entenderse por ejemplo, la mención del tema de las mineras pero no el anuncio del impuesto a las sobreganancias (quiere decir que seguirá conversando), del gas del lote 88, el respeto de los tratados, la compatibilización de las actividades de extracción con la protección del medio ambiente. No está amenazando, está marcando la cancha para sentarse a conversar con los diferentes grupos de interés.

El presidente ha anunciado algunas líneas centrales, dejando el detalle del cómo al plan de gobierno que en algunas semanas su nuevo gabinete deberá presentar ante el Congreso. En los detalles es donde se esconde tanto el santo como el diablo, dicen, y es en los detalles donde puede hacerse la diferencia entre sólo buenas intenciones, meros gestos, y políticas que generen impacto real y traigan desarrollo.

Por eso estas líneas generales hay que tomarlas como lo que son, un mensaje político con cierta dosis programática, pero que se llenará de contenido pronto. Y en este sentido es muy valioso que este discurso inaugural haya puesto en el centro de su elaboración temas como los de inclusión social, derechos de la mujer y de los niños y niñas. 

Es cierto que han sido temas desarticulados y que se extraña un discurso compacto referido a los diferentes planes que ya existen en favor de los DDHH, el modo en que deben funcionar en relación con el nuevo Plan Nacional de DDHH 2012-2016, cómo hacer para que se cumplan, cómo darle institucionalidad al tema por medio por ejemplo de un Viceministerio de DDHH. En fin, cómo damos el salto cualitativo y ético desde el chorreo, el crecimiento casi vegetativo, el racismo del “perro del hortelano”, y llegamos hasta una política pública que tenga al ser humano como centro. 

Y ojo, esto no se logra solo fortaleciendo los programas sociales, siendo estos tan importantes. Esperamos que un enfoque de derechos pueda ser integrado mejor en toda la gestión pública. No se trata únicamente de socorrer a los más vulnerables y los más pobres con ayudas urgentes y solidarias, sino de progresivamente dignificar las condiciones y planes de vida de la gente de modo permanente y sostenible, mediante el fortalecimiento del acceso al empleo, condiciones laborales adecuadas, salarios racionales, regímenes laborales respetuosos de estándares, acceso a la salud, acceso a educación de calidad, acceso a la justicia, acceso al poder por la vía de la participación ciudadana (qué bien nombrados los procesos de presupuesto participativo y los espacios de coordinación locales).  

Menciones, eso han sido. Como el combate a la corrupción. Cierto que acá también se señalaron medidas sueltas y básicamente de carácter represivo, algunas propuestas fundamentales (imprescriptibilidad, inhabilitación perpetua) y otras simplemente errores (trabajo obligatorio a los sentenciados por estos delitos). Pero lo que rescato es que parece que hay la voluntad de trabajar el tema y cumplir la promesa de campaña.

Si a esa voluntad política se le agrega la voluntad de escuchar, de recibir los aportes de todos los actores civiles y privados, podemos esperar que se pueda hacer real una política nacional anticorrupción. Una que de verdad funcione. Y que enlace el Plan Nacional Anticorrupción con un ente rector que lo implemente y que tenga los recursos y la autoridad para hacerlo; que la nueva legislación necesaria, articule a los diferentes sectores involucrados desde la Contraloría hasta el último policía pasando por el sistema de justicia y el debilitado sistema de procuradurías. Este gobierno puede aprovechar para planificar y dar en los primeros meses un gran shock de combate a la corrupción que legitime y devuelva la fe a los ciudadanos en sus autoridades. 

Menciones, sí. Como las reparaciones individuales y colectivas a los afectados por la violencia política. Que no es lo mismo que decir “implementar las recomendaciones de la CVR”. Pero repitiendo, que muestran una voluntad que debe ser complementada. Que permite tener por lo menos cierta esperanza en que este tema puede también caminar. 

Y ya que estamos en menciones, debo terminar señalando que es agradable ver a un político que se reafirma en sus propuestas de campaña, por lo menos en algunas centrales. Estamos tan acostumbrados a que los que llegan al poder mientan una vez puestos en el cargo, que estos modestos anuncios sostenidos parecen presentar a un personaje por lo menos coherente. 

Pero han sido menciones. El presidente ha hablado hoy, con muchos guiños y mensajes entre líneas para varios sectores. No debemos caer en la ingenuidad de creerle sin más. Estas menciones podremos evaluarlas en un primer momento con la presentación del gabinete Lerner y luego, en los actos de gobierno mismo, en los primeros meses donde ya no habrá campaña ni discursos, sino negociaciones, discusiones y decisiones. Hasta eso, buena suerte. 

Hay 1 Comentario
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12 de octubre de 2011 | 01 hrs
escribe:

El congresista electo por Ucayali por Gana Peru Teofilo Gamarra Saldivar tributarista funcionario de la SUNAT encargado de los creditos fiscales y las exoneraciones tributarias en Ucayali a quien presuntamente mas de un empresario le debe "un favorcito" ha sido blindado por el JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, quienes debieron de reirarlo de la lista de candidatos antes del 8 de abril por haber OMITIDO DE DECLARAR SU AFILIACION AL PARTIDO APRISTA PERUANO el cual lo encontrara en infogob.com.pe en la cual esta la declaracion de su hoja de vida sin embargo por motivo de forma mas no de contenido el JNE declara improcedente las denuncias al respecto y se parcializa flagrantemente, el muy orondo hoy e es miembro de la comision de presupuesto, seguridad ciudadana, inteligencia tributaria etc y lo mas patetico para disfrazarse de nacionalista en la interpelacion de la ministra Aida Garcia en solo 13 segundos de su intervencion manifesto que los responsables son los funcionarios apristas (vease en youtube). Asi estamos unos mas asolapados que otros y el Dr. Sivina Hurtado no firmo la Resolusion que debe revisarla y denunciar a quienes resulten responsables de lo contrario tambien los empresarios y el JNE tienen su congresista.
Que, habiendo sido el caso presentado por ante el JNE recibiéndose la Resolución N°455-2011—JNE del 18 de Mayo del 2011. Y teniendo en consideración que, el proceso electoral está supeditado a un cronograma electoral, en función de los hitos legales, que caracterizan la preclusión de las actividades electorales, pero esta interpretación del principio de preclusión, no es aplicable obviando los principios jurídicos del debido proceso, de legalidad, de la defensa y la pluralidad de instancias, de interdicción de la arbitrariedad, de oportunidad del derecho de acción, teniendo en cuenta inclusive que los funcionarios del JNE “actuaron en agravio de la opinión pública y el Estado como pretende demostrar la incoada Resolución en el Considerando cuarto en la que textualmente transcribo …..” al haber tomado conocimiento respecto a las supuestas irregularidades contenidas en la Declaración jurada de vida del candidato Teófilo Gamarra Saldívar evaluados los descargos formulados, expidió la Resolución N°007-2011-JEECORONEL PORTILLO/JNE por la que se observo dicha declaración jurada y ordeno para que corrigieran los datos consignados en esta mediante una anotación marginal en el Sistema de Información de Procesos electorales pero la fiscalizadora no ha advertido extrañamente la omisión del candidato sobre su antigua afiliación al partido político APRA, de manera que se falta a la veracidad de la gestión administrativa en la función de fiscalización aun mas al manifestar el JNE que….. “El referido pronunciamiento no fue materia de apelación…””.
Sin embargo Señora Directora del OCI del JNE no toman en consideración lo denunciado es decir la parcialización de la Coordinadora de Fiscalización de JEECP Adriana Teresa Cigüeñas Méndez Lo que se recurre es decir la OMISION DE DECLARACION JURADA DEL CANDIDATO Gamarra Saldívar no solo debe aplicar la norma sino que debe interpretarla del modo menos restrictivo posible cuando haya el riesgo de vulneración de derechos constitucionales.
Por consiguiente, el reconocimiento de un derecho con prolijos fundamentos teóricos y jurídicos no puede ni debe quedar en letra muerta por una sesgada interpretación del accionar preclusivo respaldado por la discrecionalidad del juzgador, mas aun cuando se tergiversa la realidad de los hechos, su ilustrado criterio evidenciara que se ha cometido una falta administrativa grave que habiendo sido el caso demandado ante la II Fiscalía Provincial Penal de Coronel Portillo Caso 311-2011 en el considerando Ocho de la Resolución 175-2011 MP-“FPPCP de fecha 30 de junio del 2011 indica textualmente..”Se debe tener en cuenta que los hechos descritos versarían sobre temas administrativos, por lo que se debe observar el principio de intervención subsidiaria del derecho penal, en el cual se desprende que el derecho penal no debe actuar como primer ni como único instrumento de control social ante el fenómeno criminal por esto se dice que el derecho penal es de ultima ratio tal como lo ha establecido la jurisprudencia:”….antes de quebrantar las normas penales el autor del ilícito no puede pasar por encima da otras formas de control social como las normas sociales, los imperativos éticos, los preceptos religiosos, o las normas jurídicas distintas a las penales” De lo que se deduce que el derecho penal solo actúa cuando los otros mecanismos de control social no protegen los bienes jurídicos incluso además las mismas normas jurídicas distintas a las penales no cumplen con tal propósito, estando a que los presentes hechos se circunscriben a obligaciones de naturaleza administrativa se deja expedito el derecho de las partes para que accionen en esta vía.” 1 (Exp. N°0938-2006-Huacho,Sent. 8 de mar.2007,SP.P en CD Jus-Data Jurisprudencia 1- Diccionario de Jurisprudencia penal JOSE ANTONIO CARO JOHN edición 2007, editorial Grijley EIRL P,515).

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Ronald Gamarra Ronald Gamarra

Ronald Álex Gamarra Herrera (Lima, 1958) Estudió la carrera de Derecho y curso la maestría de Derechos con mención en Ciencias Penales y Militar Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Desempeñó, además, estudios de Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos en el Centro para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de Washington D.C, institución perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo perteneciente al sistema interamericano de derechos humanos con sede en Santiago de Chile.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo fue Procurador Adjunto Ad-hoc de la República del Perú. Dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de los años noventa, perpetradas por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermoza Ríos.
En el periodo 2008-2010 desempeñó la labor de Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el 2011 conformó el Equipo de Gobierno de Alejandro Toledo a la Presidencia de la República.
Actualmente, es catedrático de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Director del Equipo de Incidencia en Derechos de IPRODES.