Ahí está el detalle

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Tula Benites es aprista y Elsa Canchaya no lo es.

Pobrecita Elsa Canchaya: fue condenada por la Corte Suprema con inhabilitación de tres años para ejercer función pública y no tuvo la suerte de Tula Benites.

Las dos son ‘colegas’ en muchos sentidos menos en uno. Mujeres provincianas elegidas por primera –y ojalá que última– vez al Congreso en el 2006, contrataron empleados fantasmas para apropiarse de sus sueldos, la prensa las ampayó y terminaron desaforadas. Pero a Tula el Poder Judicial la quiere regresar y a Elsa la está –como corresponde– condenando.

¿Por qué? Tula es aprista y Elsa no. Nadie debe sorprenderse. Canchaya fue desaforada apenas Cuarto Poder denunció la escandalosa contratación de su empleada doméstica como asesora parlamentaria, pero cuando Perú.21 denunció a Benites con las propias revelaciones del ‘fantasma’, la solidaridad aprista –complicidad, más bien– ofreció férrea resistencia.

El presidente Alan García declaró a favor de Tula el mismo día de publicada la denuncia; la oficina del entonces premier Jorge del Castillo le facilitó entrevistas echadas para su defensa pública; el hoy premier Javier Velásquez realizó malabares para reducir los días de la suspensión aplicada a Benites; José Carrasco Távara maniobró para impedir que sesionara la subcomisión de acusaciones constitucionales que vería el caso; el Apra actuó en el Congreso y reunió los votos para impedir que sea desaforada; y el ahora ministro de Justicia Aurelio Pastor hizo el ridículo en público defendiendo lo indefendible.

El escándalo público envolvió al Apra por ese motivo y entonces dieron un paso atrás –proceder al desafuero– para dar dos adelante y poner en marcha el operativo judicial para enjuagar los chicharrones de Benites, territorio donde el Apra se mueve con facilidad y donde pesa la cooperación de su tío, el ex presidente de la Corte Suprema Walter Vásquez Vejarano.

La sala que la acaba de absolver archivó dos de los tres delitos que se le imputaban y ahora ha concluido en el absurdo de que el responsable de la contratación no es el congresista sino el Parlamento. Eso, como todos saben, empezando por sus propios colegas, es usar una formalidad para enjuagar un robo.

Por eso, es una vergüenza que otros apristas como el propio presidente del Legislativo, Luis Alva Castro, además de Luis Gonzales Posada o César Zumaeta, salgan ahora con que se debe “respetar el fallo del Poder Judicial” –lo que está bien– pero sin discrepar –como es legítimo e indispensable– con una inmoralidad. Así nunca se combatirá a la corrupción.

Pero el que unos apristas quieran que su partido sea una cueva de bandidos no implica aceptarles que hagan lo mismo con el Congreso de la República. Los apristas honestos –que sin duda los hay– a los que esto les produzca asco, deberían pronunciarse con energía ya.