Al fondo no hay mucho sitio en Olmos

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Cuando lo Barata le saldrá muy caro para el país.

Al ritmo de la ‘terecumbia’, el presidente Alan García, el premier Javier Velásquez y la ministra Mercedes Aráoz bailaron el viernes en la celebración por la firma del contrato de concesión para desarrollar la infraestructura hidráulica de riego del proyecto Olmos, aunque –por la forma en que se definió– la única que debiera festejar es la concesionara pues, para el país, no será buen negocio.
En marzo, esta columna (Arroz con pacto y cachaza en Olmos, 25/3/10) defendió la continuación del proyecto pero no “de cualquier manera” y “pese a quien le pese” –como entonces dijo, con irresponsabilidad sospechosa, el presidente García–, por lo que coincidió con Aráoz en su oposición a que Odebrecht desarrolle el proyecto de acuerdo con su conveniencia. Pero esa firmeza para declarar –sustentada en estudios técnicos– la inviabilidad de esa alternativa, ahora se ha desvanecido.

Se entiende la autosostenibilidad de un proyecto cuando el inversionista pone su plata (o la pide prestada) para cubrir toda la inversión requerida, como el gobierno ha dicho que ocurre en ‘La Taboada’ y ‘La Chira’, dos proyectos en ejecución con el modelo de iniciativa privada.

Pero lo firmado el viernes establece que el gobierno regional de Lambayeque estaría financiando con sus tierras más del 80% del dizque ‘negocio autosostenible’, por lo que esta operación sería en realidad cofinanciada. Esto contradice lo argumentado hoy por el MEF y lo establecido en la ley que regula el otorgamiento de concesiones bajo iniciativa privada.

Técnicos que han estudiado el proyecto concluyen que el costo de la alternativa propuesta por la iniciativa privada (conducción del agua a través de canales) es 140% más costosa que la alternativa estudiada por el MEF (conducción a través de tubos), lo que equivale a alrededor de US$ 164 millones.

La responsabilidad por lo ocurrido es del MEF por no realizar este proceso de concesión inmediatamente después de concluido el anterior, lo que permitió que una empresa privada lo madrugue con su propia iniciativa hecha a su conveniencia.

Pero ni eso justifica lo ‘celebrado’ el viernes. Incluso, el retraso en la construcción del Túnel Trasandino –una de las dos obras importantes de la primera fase de la concesión– daba el tiempo suficiente para diseñar un proceso de concesión en mejores condiciones para el interés del país.

La culpa no es de la empresa, que es libre de plantear iniciativas que le convengan, sino de autoridades políticas que olvidan que su misión no es defender intereses particulares sino el general de la nación. Lástima que ahora el MEF, crecientemente interesado por la política, lo haya olvidado.