¡Ampay! … ¿y me salvo?

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Auge y caída del bono regalón de Luis Alva Castro

La reculada de Luis Alva Castro con los bonos regalones que le otorgó al grupo cercano a él en la Presidencia del Congreso, apenas fue ‘ampayado’, es un ejemplo del desorden con el que se decide en el Estado.

Ocurre que Alva Castro, en su condición de presidente del Congreso, autorizó el otorgamiento de una ‘bonificación mensual por responsabilidad de puesto’ al grupo de funcionarios y empleados del Poder Legislativo que trabaja más cerca de él, desde el oficial mayor, la jefa de auditoría, el director general parlamentario, y sus dos secretarias.

Todo iba ‘bien’ hasta el sábado, cuando el diario Perú.21 dio a conocer los alcances de la resolución 010 –del primero de setiembre pasado– con la que se concretó el aumento. LAC sostiene que no es un aumento sino bonificación no pensionable a pagar solo mientras las personas indicadas trabajen con él debido a que ya laboraban en el Congreso y que, temporalmente, han asumido una responsabilidad mayor.

El argumento no parece muy sólido. Si el puesto de secretaria de la Presidencia del Congreso demanda un esfuerzo mayor que el de secretaria de parlamentario común y corriente –lo que parece razonable–, las secretarias de LAC debieran haber cobrado un sueldo superior al usual durante este período legislativo asumiendo que esto se encuentre previsto en el presupuesto del Congreso, sin requerir una bonificación especial.

En ese sentido, incluso aceptando que las secretarias de LAC cobren un sueldo mayor porque están cambiando, temporalmente, de trabajo –siempre que eso esté presupuestado–, ¿cuál sería la justificación para hacerlo en el caso del oficial mayor, la jefa de auditoría o el director general parlamentario, pues se asume que su trabajo es el mismo sin perjuicio de quien ejerza la Presidencia del Congreso? ¿O es que trabajar con Alva Castro implica más chamba que hacerlo con Mercedes Cabanillas, Luis Gonzales Posada o Javier Velásquez Quesquén?

Y si todo estaba tan en orden y de acuerdo a ley, ¿por qué dar marcha atrás con el argumento de hacerlo –como informó el comunicado del Congreso del sábado– simplemente “para evitar más polémica sobre el tema”?

Nadie debe oponerse a que se paguen mejores remuneraciones en el Congreso y, en general, en el sector público si esto se hace de acuerdo a ley, con el fin de permitir la captación o retención de trabajadores de mejor calidad, y –mejor aún– cuando es parte de una estructura organizada y moderna de servicio civil. Se ve mal, en cambio, cuando parece que se hace debajo de la mesa y se retrocede al toque cuando se es ‘ampayado’.