Por Augusto Álvarez Rodrich.
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Aunque el debate sobre el museo de la memoria ratificó dónde está el presidente Alan García en materia de derechos humanos, sí fue valiosa la constatación de que su defensa va dejando de ser patrimonio de los que usualmente se asocian a la izquierda para ganar adeptos en sectores políticos muy diversos.
Se comprobó en el comunicado publicado el domingo en este diario. Ahí, un grupo plural objeta “de manera respetuosa pero categórica esta insensible actitud del gobierno”, y llama “a los peruanos de espíritu democrático a redoblar esfuerzos por redimir nuestro pasado violento, no mediante el silencio sino por medio del recuerdo honesto, compasivo y justiciero”.
Es decir, lo que busca el museo de la memoria, cuya construcción y mantenimiento quería financiar el gobierno alemán. Muchas críticas lanzadas contra esta iniciativa, como la del vicepresidente Luis Giampietri, quien dice que su objetivo es “golpear a las FF.AA.”, son falsas. Lo podrían constatar si visitaran la exposición que está ahora en el museo de la nación.
Es valioso que el comunicado lo haya encabezado la firma de Mario Vargas Llosa. No porque su afinidad con la defensa de los derechos humanos sea reciente –toda vez que esta es de siempre–, sino porque, con lo snob que suelen ser muchos que se asocian a la ‘derecha’, el hecho de que él respalde esta causa ayudará a que algunos empiecen a pensar diferente. Lo mismo ocurre con la presencia en el comunicado de Claudia Llosa, la directora de la premiada ‘Teta asustada’.
La defensa de los derechos (de todos los) humanos no debe ser un asunto ideológico sino una actitud que cruce todo el espectro político a partir del reconocimiento de la importancia de fundar una sociedad donde primen la decencia y la ética, y donde se valore la dignidad de todas las personas.
Que cada vez haya más gente de diferentes tendencias en esa línea es vital, pues los que se oponen a ella constituyen un grupo pequeño pero bien organizado en donde el racismo es un factor inteligentemente disfrazado pero presente.
Es cierto que el gobierno peruano tiene el derecho legítimo de rechazar una donación. El actual lo comanda el presidente García, y ni él ni sus socios políticos quieren ese museo ni regalado. ¿Por qué pedirle al jefe del Estado que cambie una convicción tan acendrada en su inmenso cuerpo de ideas?
Ya mejor no seguir dándole vueltas al asunto. Ojalá que el gobierno siguiente esté liderado por alguien interesado en tomar decisiones como las toman las naciones democráticas del mundo que han sufrido experiencias similares. Y que en la placa de inauguración también se recuerde a los que se opusieron a este museo.
