Cuando los textos salen más caros que la lavada.
Esta semana el país tuvo, a propósito de los textos escolares, una expresión más del tipo de debate que se ha vuelto una costumbre cada vez que se enfrenta un problema en el que confluyen la preocupación ciudadana por algún asunto que toca a su bolsillo, con una oportunidad para que la autoridad pública satisfaga esa inquietud mediante una norma aun cuando, como en este caso, la lavada salga más cara que la camisa.
Cada mes tiene sus típicos eventos noticiosos que se repiten cada año. Febrero es, en este sentido, el mes del piteo por los costos asociados al regreso de los chicos a los colegios. Es un mes en el que, entre los gastos de matrícula, uniformes, útiles y todo el combo asociado al reinicio del año escolar, los padres de familia se sienten agobiados y, comprensiblemente, con todas las ganas de reclamar y exigir soluciones inmediatas al gobierno.
Entre todos los rubros, el preferido de la preocupación de los padres de familia de este año y, consecuentemente, de los medios de comunicación, han sido los textos escolares, lo cual ha estado acompañado de un conjunto de acusaciones de distinto calibre a las editoriales.
El repertorio va desde precios excesivos; el impedimento para reciclar los textos debido a que son, al mismo tiempo, material de trabajo con secciones donde el alumno escribe sobre ellas; y otras acusaciones sobre supuestas coimas que –a manera de comisiones– pagarían algunas editoriales a algunos directores de colegio para que estos se conviertan en vendedores de sus productos.
Inmediatamente, el sector político se puso manos a la obra. Indecopi sintió que este asunto se le había pasado y, entonces, se dispuso a recuperar el tiempo perdido mediante una investigación de oficio sobre la marcha. El presidente Ollanta Humala no podía quedarse atrás y, para mostrar preocupación, tuiteó “mi solidaridad con los padres de familia que se sienten burlados por las malas prácticas de las editoriales”.
Y el Congreso aprobó una ley contra los libros reciclados como una manera de bajar los precios. Esto es una respuesta inadecuada ante un problema real, donde la nueva regulación se vuele un remedio que es peor que la enfermedad pues va en contra de los métodos modernos de enseñanza, tal como han apuntado los expertos.
Los casos de corrupción deben ser enfrentados con rigor y en las instancias establecidas, pero no se debe generalizar sin fundamento.
Y en cuanto a la ley sobre reciclaje de libros, lo prudente sería que, como ha recomendado el profesor León Trahtemberg, el presidente Humala se reúna con expertos y maestros, y observe la norma con el fin de producir otra que permita atacar el problema con más inteligencia y efectividad.
