Demoliendo hoteles

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Es crucial el fortalecimiento económico institucional.

Salvo el fútbol y muy pocas cosas más, ese gran país que es Argentina no ha ofrecido en los últimos años mucho por imitar. No lo es su evolución política ni –menos aún– su manejo económico que le ha impedido alcanzar el progreso que le permitirían los recursos que posee. Por el contrario, tiene varios ejemplos de lo que no se debe hacer.

Uno es el conflicto entre la presidenta Cristina Kirchner y el jefe del Banco Central de Reserva (BCRA). Desde el gobierno del marido, Martín Redrado tuvo una relación cercana con la Casa Rosada que incluso afectaba la autonomía requerida por una institución como dicho banco. Pero la vinculación se deterioró cuando se negó a usar US$ 6,600 millones de reservas para pagar deuda externa. Entonces, Kirchner lo destituyó pero, como su mandato en el BCRA recién culmina en setiembre, no hizo caso a la orden. Al final, sin embargo, la Casa Rosada lo expulsó mediante un decreto que lo acusa de “mala conducta”.

Conozco a Redrado –estudiamos juntos en Harvard, hace 25 años– e intuyo que su intención de defender la autonomía de la entidad obedece a la implicancia macroeconómica de una medida como la solicitada así como, al final, por el respeto a las instituciones. Apostaría a que va a terminar en la política.

¿Esta historia es relevante para el Perú? No hay duda de que la segunda presidencia de Alan García es muy diferente no solo de la primera sino de los desmadres económicos en marcha en algunos países de la región –como Argentina–, pero no se puede obviar que no estamos realizando avances para fortalecer la institucionalidad económica que impida desvaríos futuros.

Por ejemplo, es lamentable el retroceso ordenado por el presidente García a su bancada para la reforma constitucional para la elección escalonada del directorio del BCR –un mecanismo clave para fortalecer su autonomía al desvincularla del ciclo político–, ante el temor a que una reducción de su cuota parlamentaria futura disminuya su capacidad de influencia en la designación. Lo mismo sucede con la pérdida de relevancia que quiere conseguir el presidente en instituciones clave para la transparencia de la inversión pública como el SNIP.

De un modo menos estridente pero igualmente peligroso, se debe advertir el debilitamiento institucional en algunos organismos reguladores de servicios públicos por la desidia sospechosa del gobierno para completar sus directorios.

Ello, junto con actos delictivos de algunos ‘compañeros’ que obligaron a su destitución, está llevando a que se tomen algunas decisiones importantes sobre tarifas, sanciones y controles de prácticas monopólicas que hacen levantar una ceja por la preocupación de que se estén cocinando algunas cosas indebidas y perjudiciales para el consumidor, la competitividad y la decencia.