Dialogar no es pactar

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Muelle Norte: dime con quién hablas y te diré quién eres.

El proyecto para modernizar el Muelle Norte del Callao ha generado un debate interesante no solo por el modelo diseñado para conseguirlo sino, principalmente, porque trajo una discusión adicional y relevante sobre con quiénes debe el gobierno conversar los pasos que sigue.

Una parte medular de la discusión se refiere a la participación que Enapu tendría en el proyecto, lo cual alude a su eficiencia –que no es buena– y a la concepción del papel del Estado en la economía: intervencionista o subsidiario.

Enapu quisiera participar en el proyecto, pero el sector empresarial cree que eso desincentivaría al inversionista privado. Mi opinión es que un esquema que ha demostrado superioridad es el de dejarle la operación y el riesgo a la empresa privada, y que el Estado se concentre en regularla.

La otra discusión sobre este proyecto surgió por el planteamiento del ministro Enrique Cornejo de que el gobierno va a consultar con diferentes sectores, incluyendo a los partidos políticos, sobre los grandes proyectos como el del Muelle Norte.

A la empresa privada no le gustó esa idea. Ricardo Briceño, de Confiep, comenta: “¿A qué partidos le pueden preguntar?, ¿a los que tienen opciones de tomar decisiones gubernamentales?, ¿cómo sabe el ministro qué partidos pueden tenerla?”. A su vez, José Chlimper se pregunta: “¿Consultar o mecer?”, respondiéndose que la consulta busca demorar el proyecto, mientras el presidente de la Asociación de Fomento a la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, señala: “¿Consultar qué?”.

El ministro Cornejo les ha respondido que “no solo a la Confiep se les debe consultar sobre los proyectos de inversión a largo plazo, sino también a las fuerzas políticas más importantes del país para fortalecer el proceso democrático nacional”.

Cornejo tiene razón. Confiep pudo sugerir plazos para la consulta con el fin de no postergar un proceso importante, indispensable y urgente, pero no querer convertirse en el único con derecho a ser consultado. Pareciera que el presidente Alan García los ha malacostumbrado. De paso, cuando hace poco al sector privado no le consultaron el proyecto de código del consumidor, sí realizaron un reclamo que, sin duda, era legítimo.

Conversar no significa abdicar del mandato que un gobierno recibe para gobernar, lo cual implica tomar decisiones, sino ejercer la función democrática de persuadir a los actores sociales, con liderazgo y la fuerza del argumento, sobre la conveniencia de sus proyectos e iniciativas.

AFIN, que tiene un interés legítimo por acelerar la generación de infraestructura, podría recordar al padre de su actual presidente, don Ramiro Prialé, un aprista de los de antes –honesto y dialogante, y no como muchos de los de ahora–, cuando decía que “dialogar no es pactar”.