El camal Cinco

Por Augusto Álvarez Rodrich

alvarezrodrich@larepublica.com.pe



El riesgo de la intervención de Panamericana.



La disyuntiva a la que Mario Vargas Llosa recurrió entre el cáncer y el sida se podría aplicar al futuro que tenía Panamericana TV entre Genaro Delgado Parker (GDP) y Ernesto Schütz Landázuri, pero ahora ha surgido el riesgo de una enfermedad mucho más grave en el canal de la mancha: Alan García Pérez.



GDP es el paradigma de lo que no debe ser un empresario decente. El cabezazo como logotipo, la prepotencia como plan estratégico, el negocio oscuro pactado con un ministro como gerente, la adulación al poder como memoria anual. Ancianito para salvarse cuando delinque, mozalbete para seguir haciendo negocios al margen de la ley. Bien merecido tiene la salida por la puerta falsa y con huevos en el rostro.



Schütz, por su parte, vive su segunda fuga de la justicia, esta vez por su actuación estelar en ese episodio vomitivo en el que Vladimiro Montesinos le llenaba el maletín con millones de dólares para comprarle la línea editorial del “canalazo”.



Luego de que GDP hiciera lo imposible por retener el ‘Camal 5’ –donde tanto matarife ha degollado la ética–, incluyendo faenones judiciales en los conos, coquetear con impudicia con el poder, y deambular por los salones de Palacio en todo evento, el 12 Juzgado Civil de Lima allanó el retorno a Schütz.



En ese contexto, una serie de eventos aparentemente dispersos pero sin duda conectados revelan que el gobierno se movió concertadamente con GDP para impedirlo: el apuro de Javier Villa Stein al juez del caso para que, entre toooooooodos los expedientes, justo este sea el ejemplo de agilidad; el cambio reciente en la normatividad de insolvencia empresarial; la declaración de García, el sábado en Palacio, sobre la acreencia de Canal 5 con la Sunat; o el comentario de GDP en Panorama este domingo donde narró lo que ya sabía que iba a suceder.



La forma de concretar este objetivo, a través de una Sunat que recién salta ahora para cobrar S/.117 millones, está en el límite interpretativo de la ley, siendo la primera vez que se usa este insólito mecanismo de intervención que pone al canal en manos del Estado. Ello le otorga a la decisión un manto de sospecha y plantea la pregunta de si se aplicaría también a otras empresas como medios con arrugas tributarias.



Lo correcto habría sido la ruta ya conocida y más apropiada del Indecopi. En cambio, el camino utilizado para atajar a Schütz con una salida puente de plata a GDP es bastante riesgoso para la ya mellada libertad de expresión durante este gobierno que es tan goloso con los medios de comunicación.



Ojalá que el trance sea breve, que no implique que Alan García se convierta en director de noticias del canal, y que la solución empresarial sea transparente.