Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Sigue creciendo la rockola de la corrupción.
Los más de ochenta audios entregados a la justicia por el periodista Pablo O’Brien relanzan el escándalo de los chuponeados y de los chuponeadores, pero no tanto por lo que traen de nuevo, sino porque confirman la suciedad con que se manejan muchas cosas en la política, en el gobierno y en los negocios.
Para empezar por el mensajero –tan vilipendiado en estos días–, la ‘cholósfera’ se apunta otra vez un porotazo con esta primicia, por lo que se debe felicitar, sin duda, al útero.pe de Marco Sifuentes. Este columnista, que todavía se siente emocionalmente más cercano a la ‘prensa tradicional’, hubiera preferido encontrar su difusión original, por ejemplo, en un diario. Ya sabemos, sin embargo, por qué no se pudo.
Pero el modo de difundir este nuevo lote sonoro vuelve a plantear el antiguo pero recurrente dilema entre los derechos a la privacidad, a la expresión, y de la gente a estar informada. La ventaja de la forma escogida por útero.pe en este caso es la total transparencia, aquí no se esconde nada.
La desventaja es que incluye pasajes que son estrictamente privados y que, por ese motivo, nadie tiene derecho a revelarlos, porque no tienen ningún interés público. Me refiero, por ejemplo, a los amoríos de Rómulo León. Yo hubiera preferido una difusión que discriminara lo que tiene relevancia pública de lo que no la tiene, lo cual es una tarea propia del periodista y que lo diferencia, por ejemplo, de un D.J.
Lo que, sin duda, sí es de plena relevancia pública es la ratificación en el nuevo lote sonoro de la manera como se hacen negocios en el Perú y de cómo se procesan estos asuntos en el gobierno. Lo que se ha revelado no tiene nada que ver con política ni con seguridad nacional. Quienes enfatizan eso parecen querer evitar que se haga evidente que el eje de las conversaciones –y de las personas que hablan– es el ‘business’.
Y, por lo que se escucha en los audios –regalo de relojes de marcas que no conozco pero que parecen bien caros, chantajes a empresas, citas clandestinas con funcionarios, etcétera–, es evidente que hay mucho por regular y avanzar en la ética de la gestión pública y empresarial.
Pero todo eso no parece preocupar mucho ahora, a diferencia del interés creciente por amedrentar a los periodistas dispuestos a denunciar cuchipandas, del gobierno o de sus amigos, amenazándolos con meterlos presos.
Como era previsible, el gobierno tuvo que retroceder en su proyecto de ley por la presión de muchos –hasta de los medios que ahora piden no matar al mensajero después de que ellos fusilaron a algunos–, pero el fustán censor se le vio completito al régimen aprista.
