Hijos de Putis

Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.pe

El informe de la CVR, seis años después. Mañana sábado se dará sepultura a los restos de 25 de las 123 personas –entre hombres, mujeres y niños– que se han podido identificar después de casi veinticinco años de su asesinato en Putis.

Putis es una poblado de Santillana, que es un distrito de Huanta, que es una provincia de Ayacucho. La tragedia que ocurrió en Putis en la madrugada del 13 de diciembre de 1984 se ha contado varias veces, pero no las suficientes como para que sirva de ejemplo de lo que nunca más debiera suceder en el Perú. Por ello, es imprescindible que nunca se olvide.

En 1983, Sendero Luminoso controlaba la zona de Huanta, incluyendo Putis, cuyos pobladores tuvieron que huir al cerro, aterrados, luego de que el terrorismo impidiera la realización de las elecciones municipales, y el teniente gobernador fuera
asesinado y dejado tirado con un letrero que decía “si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”.

Un año después, se instaló ahí una base militar que le dio cierta confianza a los comuneros. Cuando los militares los invitaron
a regresar a Putis, les hicieron caso. Y cuando les hicieron cavar unos huecos donde les dijeron que construirían unas piscigranjas
de truchas, quizá hasta se sintieron afortunados.

Pero lo que cavó la gente de Putis fue su propia tumba. Los soldados –que los miraban como prosenderistas– los metieron ahí después de asesinarlos, pero antes los hicieron ver cómo violaban a sus mujeres y mataban a sus 19 hijos de entre 4 y 7 años.

Además, los asesinos se quedaron con su ganado, el cual después vendieron. Así encontraron la muerte 123 personas.
Es que los responsables no querían ningún testigo. Pero hubo quienes lo contaron y así lo pudo registrar la CVR.

Gracias a ello, junto con el esfuerzo de pobladores de Putis y organizaciones de derechos humanos, fue posible exhumar sus restos, identificar a 25 de ellos y, mañana, enterrarlos. Los ciudadanos de esa zona –aunque algunos no lo crean o acepten, son ciudadanos peruanos– pretenden, como cualquier persona lo desearía, enterrar a sus víctimas, justicia y reparación. Lo que quieren es que les devuelvan su dignidad.

Pero esto es difícil de conseguir porque las Fuerzas Armadas se han negado a dar información sobre la matanza, y menos lo van a hacer ahora que su ministro es un activista contra las organizaciones de derechos humanos. El respeto a los derechos humanos de todos –incluyendo, sin duda, de militares y policías– es lo que sustentó hace seis años la CVR, aunque algunos quieran, sin sentido y mala intención, demostrar lo contrario.