Por Augusto Álvarez Rodrich
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¿Se debe expulsar del Congreso a Gustavo Espinoza?
No pretendo defender al congresista Gustavo Espinoza, cuya participación política es lamentable, pero el motivo por el que lo quieren desaforar es arbitrario y, por ello, no debiera proceder.
Su expulsión sigue pendiente luego de que el fujimorismo cambió su decisión de salvarlo y el Pleno reconsideró la votación que desestimó la acusación constitucional y el pedido de inhabilitación por tres años para el ejercicio del cargo público.
El desempeño de Espinoza ha contribuido a mellar la imagen del alicaído sistema político peruano. Este incluye: violar la intimidad al grabar una conversación privada entre Carlos Torres Caro y Javier Velásquez Quesquén; distribuir fotografías de estos dos congresistas en Brasil que, sacadas de contexto, los perjudicaban innecesariamente; acusar falsamente al ex presidente Alejandro Toledo de violar a una mujer en una orgía con alcohol y drogas; y mentir en su hoja de vida al indicar que había estudiado ciencias administrativas y económicas.
Más que trayectoria, Espinoza ha acumulado lo suficiente para un prontuario político, y merecería ser botado del Congreso por casos como los mencionados. Pero sus colegas no lo decidieron en su momento, y ahora pretenden expulsarlo por el incidente del video en que el ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, lanzó en Tacna, pisco sour en mano, el exabrupto “chileno que entra acá ya no sale o sale en un cajón, y si no hay los suficientes cajones, saldrá en bolsa plástica”.
A Espinoza lo acusan de enviar un email con el video del incidente –que ya estaba colgado en YouTube– a cincuenta parlamentarios chilenos. La denuncia constitucional –presentada por el vicepresidente Luis Giampietri– sostiene que, con ello, Espinoza generó un problema entre Perú y Chile, afectó la imagen del gobierno peruano, y obligó al presidente Alan García a ofrecerle disculpas a Michelle Bachelet.
El acusado lo niega y sostiene que solo lo colgó en su blog. Pero, incluso si la acusación fuera cierta, esta carece de sentido. Forwardear un email con algo que ya estaba en la red no es un delito. El que ocasionó el problema fue Donayre, no Espinoza –ambos igualmente impresentables–, aunque Giampietri siempre crea que alguien con uniforme nunca delinque ni yerra.
La sanción a Espinoza correspondería si se quiere castigar su trayectoria completa en el Congreso, lo que no sería una mala idea.
Pero, en ese caso, habría que actuar con equidad y formar una comisión que revise la trayectoria de todos los congresistas. En ese caso, lo más probable es que se tendrían que ir varios parlamentarios –por ejemplo, los socios, empleados, asesores y mantenidos de esa cosa tan rara llamada Alas Peruanas–, y que nos quedaríamos con un Parlamento sin quórum para sesionar.
