Por Augusto Álvarez Rodrich
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¿A quién creerle, al gobierno o a Elsa Malpartida?
La difusión periodística del documento de arrepentimiento al terrorismo de la hoy congresista Elsa Malpartida es un asunto de interés público obvio pero que también plantea la disyuntiva de a quién creerle.
Ella sostiene que no fue terrorista ni arrepentida de Sendero Luminoso sino víctima de la violencia desatada en los ochenta en muchas zonas del país –como el caserío El Milagro– y que, para salvaguardar su vida y la de su familia, debió atender algunos requerimientos del terrorismo.
Yo no cuento con los elementos suficientes para responder quién está diciendo la verdad, y en estos asuntos delicados que afectan a la honra de personas prefiero moverme con información antes que con la intención de ver a quién beneficia y a quién perjudica una noticia, que es, lamentablemente, como no pocos políticos y medios están tomando posturas y decisiones.
Pero sí creo destacable el comentario de un antípoda político de Malpartida como Rafael Rey cuando sostiene que, “si ella cumplió con acogerse a una ley que le daba beneficios, tiene derecho a que, una vez acogida, si eso fuera verdad, está legalmente hábil para ejercer sus derechos”.
Rey agrega que debió consignarlo en la hoja de vida con la que postuló, algo en lo que tiene toda la razón. El problema es qué sanción corresponde al que no dice toda la verdad –como Malpartida– o miente. ¿Se acuerdan de ese candidato presidencial que en la última elección, cuando le preguntaron cuántos hijos tenía, cometió un error, digamos, de cálculo (político)?
De otro lado, cabe preguntarse sobre la conveniencia política –no periodística, diferente y siempre válida– de este ‘huaqueo político’ de información oficial sobre hechos ocurridos hace dos décadas que, como es obvio, no está en la municipalidad de El Milagro sino, posiblemente, en el Ministerio del Interior u otra dependencia controlada por el gobierno aprista.
Esto constituye un adelanto sobre el tono que tendrá la campaña electoral que aún está por empezar, quizá muy parecida a la del 2006, con la atingencia de que ahora es el Apra el que controla la cajita de sorpresas que sería usada por Alan García para evitar que se elija a los candidatos que no le gustan, o contra todos aquellos cuyas opiniones disgustan al presidente.
Finalmente, no deja de ser curiosa la manera como algunos políticos y medios presentan información sobre personas como Malpartida, casi como prefiriendo que se vayan al monte a tomar las armas por la violencia.
¿No es mejor que gente que, supuestamente, ha estado cerca del terrorismo –como también un ex premier del gobierno aprista–, y que no tienen cuentas judiciales por pagar, formalicen su participación en la política peruana?
